El PSIB ha reclamado la suspensión cautelar de la prueba piloto para el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca al considerar que la operación carece de las garantías necesarias para llevarse a cabo con seguridad y transparencia. Los socialistas exigen que, antes de continuar con el dispositivo, se completen todas las auditorías, inspecciones e informes técnicos pendientes.
En un comunicado difundido este jueves, los grupos socialistas en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma han instado a las administraciones implicadas a paralizar temporalmente el proyecto hasta disponer de toda la documentación que, a su juicio, permita certificar que el transporte y tratamiento de los residuos no supone riesgos ambientales ni para la población.
La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha responsabilizado al Consell de Ibiza de la situación al asegurar que la isla "hace años que incumple la política de reducción, reutilización y reciclaje que marca la ley", mientras que Mallorca, ha dicho, lleva décadas desarrollando una política "positiva" en materia de gestión de residuos.
En este sentido, Cladera ha sostenido que el traslado de residuos es la consecuencia directa de la "inacción" de Ibiza en esta materia y ha defendido que Mallorca "no tiene por qué asumir el coste ambiental de una gestión deficiente". Asimismo, ha denunciado una "falta absoluta de transparencia" durante la tramitación del operativo, asegurando que se han ocultado informes técnicos, controles e información que considera esencial para evaluar la seguridad del proyecto.
La dirigente socialista también ha alertado de la peligrosidad que, a su juicio, entraña el transporte de residuos entre ambas islas y ha recordado que el primer traslado previsto sufrió una incidencia cuando el buque encargado de realizar el servicio quedó inmovilizado en el puerto de Ibiza debido a un riesgo ambiental detectado antes de zarpar.
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, ha criticado la implicación del Consistorio palmesano en la operación y ha afirmado que "es un día triste para los ciudadanos de Palma porque el alcalde antepone los intereses privados por encima del interés general y de las necesidades de las entidades sociales".
Dalmau ha advertido además del impacto que tendrá el tránsito de camiones cargados con residuos procedentes de Ibiza sobre distintos barrios de la capital balear. En concreto, ha señalado que más de 35.000 vecinos de zonas como la Garriga y Son Sardina verán circular diariamente estos vehículos en dirección a la planta de tratamiento de Son Reus.
