Proteger a quien está verdaderamente enfermo es una obligación de cualquier sociedad decente. Pero proteger al trabajador no debería significar abandonar al médico que debe decidir, ni dejar solo al pequeño empresario que tiene que mantener abierto su negocio.
España necesita hablar de las bajas laborales sin gritos, sin criminalizar a los enfermos, pero también sin cerrar los ojos ante los abusos y las ineficiencias de un sistema que cada año resulta más difícil de sostener.
Trabajar para pagar y no tener ni para comer. Hace poco conocí el caso de una mujer que tenía un pequeño negocio y una sola empleada.
No era una gran empresa. No tenía un departamento de recursos humanos, una bolsa de sustitutos ni una plantilla amplia que pudiera reorganizar. Era una autónoma que abría cada mañana y dependía de lo que vendía para pagar el alquiler, los impuestos, los proveedores y su propia casa.
Su única empleada se dio de baja.Para poder seguir atendiendo el negocio, contrató a otra persona que la sustituyera. Poco después, la sustituta también se dio de baja. La propietaria acabó llorando detrás del mostrador.
Lloraba porque continuaba trabajando todos los días, pero ya no trabajaba para ganarse la vida. Trabajaba para pagar nóminas, cotizaciones, sustituciones y gastos. Después de cumplir con todo el mundo, no le quedaba dinero suficiente ni para comer con tranquilidad.
«Estoy trabajando para pagar y no puedo vivir», decía. Este caso explica el problema mejor que cualquier discurso. Cuando falta un trabajador en una empresa de quinientas personas, probablemente existe margen para reorganizar la plantilla. Cuando falta una de las dos personas de una tienda, un bar, una peluquería o una pequeña oficina, puede desaparecer de golpe la mitad del negocio.
El empresario no puede colgar un cartel diciendo que atenderá a sus clientes dentro de tres meses, cuando regrese el trabajador. Tiene que contratar a alguien, formar al sustituto, pagar horas extraordinarias o asumir personalmente jornadas interminables.
Por eso resulta engañoso analizar las bajas laborales fijándose solamente en la prestación que cobra el trabajador. Existe otro coste que casi nunca aparece en las estadísticas: el coste de mantener abierto el negocio.
Al cierre de 2025, el absentismo alcanzaba el 7,1% de las horas pactadas y afectaba cada día a casi 1,6 millones de trabajadores. No todas esas ausencias corresponden a bajas médicas ni, desde luego, todas son fraudulentas, pero la dimensión del fenómeno ya resulta imposible de ignorar.
El coste asociado a las incapacidades temporales por contingencias comunes se situó en el entorno de los 33.000 millones de euros. Una parte la soporta el sistema público y otra, directa o indirectamente, las empresas.
Y detrás de esas cifras hay personas enfermas, pero también hay pequeños empresarios agotados, endeudados y muchas veces completamente solos.
