Desde el inicio del verano se está produciendo una confrontación entre los profesionales sanitarios y los pacientes de un lado y la administración sanitaria catalana de otro, con motivo del cierre de camas y otras medidas restrictivas en los hospitales y centros de salud. Esta pugna es habitual desde hace años, desde que los gestores sanitarios empezaron a cerrar camas durante el estío y, en ocasiones, otras épocas del año. Pero este año la conflictividad está resultando mucho más intensa, por el número más elevado de camas clausuradas y por la participación activa de los pacientes, que están negándose a ser trasladados de habitación, para evitar el cierre de plantas enteras. Sobre todo ha saltado a los medios de comunicación la situación en el hospital de Bellvitge y también la del de Vall d’Hebron, en este caso más a cuenta de la coyuntura del servicio de urgencias y la destitución de su jefe tras haber denunciado el colapso del mismo.
Como suele ocurrir en estos casos, los responsables sanitarios y, en concreto, el conseller Boi Ruiz, han desplegado toda una panoplia de pretendidas explicaciones, entre las que no faltan las siempre socorridas referencias a las supuestas motivaciones políticas de las protestas, argumento difícil de sostener cuando una mayoría abrumadora del personal sanitario apoya las críticas a su gestión y no es creíble que todos tengan la misma tendencia política. Cuando deja las excusas de las motivaciones políticas de las críticas y entra en justificaciones técnicas, el conseller realiza un juego de manos dialéctico y atribuye el cierre de camas a la disminución de la actividad durante el verano.
Sin embargo, la disminución de la actividad no es causa, sino consecuencia. Es la consecuencia de la reducción de personal provocada por las vacaciones y la no contratación de sustitutos suficientes. En una actividad como la sanitaria, con una lista de espera quirúrgica de más de tres meses, no hay más razón para programar una disminución de la actividad que la restricción económica en la contratación de personal. De hecho, las listas de espera se incrementan en verano como consecuencia de la disminución temporal de personal. También aumenta el tiempo de espera de los pacientes de urgencias para ingresar en una cama hospitalaria, debiendo permanecer, a veces varios días, en los pasillos, mientras hay plantas cerradas.
Temen los representantes del personal que el cierre de camas se pueda convertir en permanente y sirva de excusa para justificar una derivación masiva de pacientes y recursos financieros hacia la sanidad privada. Este sí es un tema político, que el conseller niega con insistencia, pero la escasa transparencia de su gestión y las tendencias que vienen observándose en los últimos años resultan inquietantes.
Situaciones similares se vienen produciendo en casi todas las comunidades autónomas. Si todo esto estuviera pasando en otro país e hiciéramos un análisis observacional desapasionado, probablemente llegaríamos a la conclusión de que estamos frente a una demolición programada, una voladura controlada, del Sistema Nacional de Salud.
