El órgano regulador ha impugnado el acuerdo del Consell d’Eivissa que fija un tope al número de vehículos de alquiler autorizados a circular este verano en la isla, cuestionando el sistema de reparto y sus efectos sobre la competencia.
La crítica central de la CNMC se centra en el criterio elegido para distribuir las autorizaciones. Según el Consell d’Eivissa, cada empresa puede obtener hasta 150 permisos sin problemas, pero si solicita más, entran en juego los cupos por orden de llegada y bloques de 150.
Esto, según Competencia, favorece a los operadores pequeños y penaliza a los grandes, sin atender a criterios de mérito, experiencia, impacto económico o medioambiental. En palabras del organismo estatal, este método “restringe la competencia y desincentiva la mejora de precios, calidad e innovación”.
PROBLEMAS EN IBIZA Y FORMENTERA
El procedimiento no es nuevo. En mayo, la CNMC ya advirtió al Consell ibicenco mediante un requerimiento para que modificara su normativa. Al no hacerlo, el organismo ha interpuesto formalmente un recurso contencioso-administrativo.
La historia se repite: en Formentera, la CNMC lleva tres años seguidos recurriendo la normativa por el mismo motivo. En ese caso, Competencia censura además que el reparto se limite a quienes ya operaban en 2019 y excluya a las VTC.
Desde el Consell d’Eivissa, sin embargo, defienden el método adoptado. Según han explicado, se trata de un sistema inspirado en el reparto D’Hondt que busca equilibrar el acceso entre grandes y pequeños operadores para evitar la concentración de mercado. Aseguran que el modelo no bloquea a nadie y que responde a criterios de sostenibilidad.
RENT A CAR
El choque, no obstante, está servido. Las patronales del sector del alquiler de vehículos Baleval y Feneval, han aplaudido el recurso de Competencia, denunciando que las cuotas actuales castigan injustamente a quienes solicitan más autorizaciones y carecen de lógica económica o medioambiental.
Mientras tanto, la limitación sigue vigente. En Ibiza, desde el pasado 1 de junio, el tope máximo se ha fijado en 20.618 vehículos, de los que 16.000 corresponden a coches de alquiler. Formentera mantiene sus restricciones desde 2019. La tasa diaria, de un euro por turismo, se mantiene en ambos casos.
El conflicto —ya judicializado— amenaza con alargarse. Si los tribunales acaban dando la razón a la CNMC, los Consells Insulares se verán obligados a rediseñar un modelo que, por ahora, Competencia tacha de “injustificado y lesivo para la libre competencia”.
Y en el trasfondo, una cuestión de calado: ¿es posible ordenar la presión turística y la saturación viaria sin romper las reglas del libre mercado? Ibiza y Formentera se han convertido, también en esto, en laboratorio y campo de batalla; algo que también puede suceder en Mallorca, donde las dificultades se multiplican.
PROYECTO EN MALLORCA
El borrador de la futura ‘Ley de regulación de la afluencia de vehículos a Mallorca’, que el Consell de Mallorca negocia con los grupos políticos, deberá sortear las objeciones de la CNMC a la normativa ya en funcionamiento en las Pitiusas.
El borrador prevé establecer un cupo máximo de entrada y permanencia de vehículos, con un límite específico para los coches de alquiler. También contempla una tasa disuasoria, gestionada directamente por el Consell, que no recaería en las navieras, como sucede en Ibiza y Formentera.
En cuanto a las exenciones, los residentes quedarían fuera del pago y las restricciones, mientras que los no residentes con vivienda en la isla podrían circular con un único vehículo siempre que tribute en Mallorca.
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ya ha mostrado su firme rechazo al borrador de norma que impulsa el Consell de Mallorcay advierte de los "graves perjuicios económicos" que la norma puede generar, especialmente en el sector del alquiler de coches.
Y es que por más que se pretenda limitar la entrada de vehículos particulares y de alquiler a cada una de las islas, con los múltiples intereses económicos que hay en juego, principalmente en el sector del 'rent a car', es más que previsible que la última palabra la acaben teniendo los tribunales.
Un comentario
sobre los interese económicos, está la supervivencia,y la protección del abuso que supone al afectar a las vidas y haciendas de todos en beneficio de las cuentas de ejercicio de unos pocos ,en su mayoría extranjeros, las empresas de rent a car, y desde luego no residentes,sugiero que se inicie una iniciativa popular en las islas para acabar con polémicas maniqueistas he interesadas de los explotadores sin escrupulos