Policías nacionales y guardias civiles consideran insuficiente el aumento del plus de insularidad

AUGC sostiene que las cuantías propuestas no permiten afrontar la compleja situación que viven los guardias civiles y policías nacionales destinados en el archipiélago y defiende que su valoración se fundamenta en criterios económicos objetivos.

Entre ellos, cita la evolución del coste de la vida, al entender que la inflación acumulada y el sobrecoste derivado de la insularidad "superan con creces" el alcance real de las asignaciones previstas, reduciendo su capacidad para compensar el esfuerzo económico que supone residir en Baleares.

AUGC sitúa además el acceso a la vivienda como el principal problema para los agentes destinados en las Islas. Según expone, los actuales precios del alquiler impiden que las cantidades planteadas equilibren el esfuerzo económico que supone trasladarse o permanecer en el archipiélago.

La asociación también advierte de un desequilibrio respecto a los incentivos que ofrecen otras administraciones públicas autonómicas y locales para fidelizar a sus empleados, circunstancia que, a su juicio, deja a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación de desventaja competitiva a la hora de atraer y retener efectivos.

En este contexto, AUGC alerta de que unas compensaciones insuficientes convierten Baleares en un destino temporal para muchos agentes, dificultando la consolidación de las plantillas y perpetuando un déficit estructural que acaba repercutiendo en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Por todo ello, la organización considera prioritaria una revisión al alza del nuevo plus de insularidad para que cumpla "su verdadera función de equilibrio y estabilización de las plantillas", una reivindicación que coincide con las expresadas por el resto de asociaciones y sindicatos representativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Baleares.

Rechazo absoluto de AEGC

La AEGC ha mostrado su "absoluto rechazo" a las cuantías planteadas y ha sostenido que, tras más de dos décadas de reivindicaciones, la medida resulta "ridícula" y "alejada por completo" de la realidad social y económica de las Islas.

La asociación ha recordado que durante años las plantillas de la Guardia Civil en Baleares han sufrido una elevada rotación debido al elevado coste de vida, especialmente por el precio de la vivienda, lo que provoca que muchos agentes abandonen el destino en cuanto tienen oportunidad.

A juicio de la AEGC, la propuesta del Ejecutivo no compensa el sobrecoste de residir en Baleares. "No compensa el precio de la vivienda, el coste de la cesta de la compra, los desplazamientos ni la dificultad de formar una familia aquí", ha señalado la organización, que considera que el debate trasciende la cuestión salarial y afecta directamente a la capacidad de consolidar plantillas estables.

En este sentido, la asociación ha advertido de que Baleares necesita profesionales que quieran desarrollar su carrera y su proyecto de vida en las Islas, frente a la situación actual de una constante rotación de efectivos. "No es lo mismo una plantilla formada por profesionales que desean quedarse, conocen el territorio y se integran en la realidad social de las islas que una plantilla en permanente rotación, agotada económicamente y con la cabeza puesta en marcharse", ha afirmado.

La AEGC ha calificado la propuesta de "chapuza" e "insulto", al entender que no responde a la magnitud del problema que pretende resolver. Además, ha criticado que el complemento se establezca con diferencias según el grupo funcionarial.

"La hipoteca no baja porque un guardia civil cobre menos que un mando. La cesta de la compra no distingue escalas, categorías ni grupos administrativos", ha argumentado la asociación, que considera especialmente perjudicial que quienes perciben salarios más bajos reciban también compensaciones inferiores pese a afrontar el mismo coste de vida.

Asimismo, ha censurado que el complemento sea diferente entre categorías profesionales y ha insistido en que todos los empleados públicos soportan el mismo mercado inmobiliario y las mismas dificultades para acceder a una vivienda.

Respecto a las cuantías previstas para Menorca, Ibiza y Formentera, superiores a las de Mallorca por la doble y triple insularidad, la organización reconoce esa diferencia territorial pero sostiene que siguen estando "lejos de una compensación real y suficiente". "La doble o triple insularidad no puede convertirse en una excusa para maquillar una medida que nace claramente insuficiente", ha advertido.

Por todo ello, la asociación considera que la actualización anunciada constituye un "parche insuficiente, tardío y mal diseñado" y reclama un complemento de insularidad "digno, suficiente, homogéneo y vinculado al coste real de la vida" en Baleares. Según la AEGC, lo que está en juego "no es dinero", sino la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos del archipiélago.

La CEP denuncia un complemento "desigual" e "injusto"

Las críticas han sido respaldadas también por la Confederación Española de Policía (CEP) en Baleares, que ha rechazado igualmente la propuesta del Gobierno al considerar que las cantidades previstas son "insuficientes" y no compensan el sobrecoste de vivir en las Islas.

El sindicato policial sostiene que la actualización no favorece el arraigo de los funcionarios ni garantiza la cobertura de las plazas vacantes, además de calificar el sistema de "desigual" e "injusto" por establecer compensaciones alejadas de la realidad económica balear.

Para la CEP, el nuevo complemento constituye igualmente un "parche" que no resuelve un problema estructural y supone un "insulto" para los policías nacionales y el resto de empleados públicos destinados en Baleares.

Entre sus reivindicaciones figura la aprobación de un plus de insularidad "digno y real", adaptado al coste efectivo de la vida en el archipiélago, que permita atraer, retener y motivar a los funcionarios, además de garantizar unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía balear.

Jucil y Jupol lo califican de "parche insuficiente"

A las críticas se han sumado Jucil y Jupol, que califican el incremento de la indemnización por residencia de "parche insuficiente" y consideran que representa "una nueva oportunidad perdida" para resolver el déficit estructural de efectivos en Baleares.

Ambas organizaciones sostienen que el acuerdo "no frena la huida de agentes y castiga especialmente a Mallorca", al tiempo que supone el reconocimiento oficial de las dificultades que desde hace años denuncian para atraer personal a las Islas debido al elevado coste de la vida y a la crisis de acceso a la vivienda.

A su juicio, el nuevo modelo provocará un "efecto dominó" al trasladar a Mallorca los problemas de cobertura que ya padecen las Pitiusas y el resto de islas menores. "A muy corto plazo", advierten, Mallorca sufrirá la misma escasez de agentes.

Jucil y Jupol recuerdan que inicialmente reclamaban equiparar Baleares con Canarias, aunque consideran que la evolución de los costes de vida exige ya un modelo específico, con cuantías más próximas a las reconocidas en Ceuta y Melilla. Además, argumentan que Canarias ha dejado de ser un referente válido porque su plus de insularidad se financia en gran medida con fondos europeos, circunstancia que hace "inviable e injusta" la comparación con Baleares.

Las dos organizaciones también rechazan que el complemento varíe según la categoría funcionarial, al entender que la insularidad afecta por igual a todos los agentes, independientemente de su empleo o escala. Por ello, defienden una compensación lineal para todos los funcionarios y lamentan que el Ministerio del Interior continúe negándose a declarar Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES), una medida que consideran complementaria al plus de residencia y "la única vía real" para estabilizar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el archipiélago.