El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado la dimisión y ha pedido disculpas públicas “a todas las mujeres afectadas y a sus familias”, reconociendo que lo ocurrido “es un error imperdonable” que exige “asumir responsabilidades políticas y revisar todo el sistema”.
Hernández, en el cargo desde julio de 2024, abandona la Consejería tras varios días de creciente presión política y social. La gestión de los programas de detección precoz quedó en entredicho después de que se revelara que miles de mamografías con hallazgos sospechosos no fueron notificadas ni revisadas a tiempo. Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), los protocolos vigentes desde 2011 no contemplaban la obligación de comunicar ciertos resultados considerados “posiblemente benignos”, lo que dejó sin seguimiento a numerosas pacientes.
El epicentro del problema se sitúa en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque también se han detectado casos en Málaga y Cádiz. Algunas afectadas aseguran que esperaron más de un año para recibir una nueva cita, y varias asociaciones de mujeres han denunciado que esta negligencia “pudo costar vidas”.
La crisis sanitaria ha provocado una ola de indignación ciudadana. Miles de personas se manifestaron en Sevilla bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, exigiendo una auditoría completa del sistema de cribado y la revisión de todas las pruebas realizadas en los últimos años.
PLAN DE CHOQUE
Ante la magnitud del escándalo, Moreno ha anunciado un plan de choque con una inversión de 12 millones de euros, la contratación de 119 profesionales sanitarios —principalmente radiólogos— y la revisión de todos los casos afectados antes del 30 de noviembre.
La oposición ha considerado insuficiente la renuncia de la consejera y ha acusado al Gobierno andaluz de “falta de transparencia y lentitud en reaccionar”. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido una comisión de investigación parlamentaria y responsabilidades en la cúpula del SAS.
El caso ya está siendo analizado por la Fiscalía, que estudia si hubo delito de omisión de deber de socorro o negligencia profesional. Paralelamente, varios colectivos de pacientes preparan reclamaciones patrimoniales contra la Junta.
La salida de Rocío Hernández supone un golpe político para el Ejecutivo de Moreno, que había hecho de la gestión sanitaria una de sus principales banderas. La dimisión, reconocen fuentes del propio PP andaluz, busca frenar el desgaste y abrir una nueva etapa.
