El registro horario digital interconectado, una exigencia desproporcionada

La propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la implementación de un registro horario digital interconectado con la Inspección de Trabajo genera desconfianza en el ámbito empresarial y laboral.

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, impulsores de la reducción de jornada que se tramita en las Cortes, afirma perseguir una mejora de la vida personal y profesional de los trabajadores, asegurando que jornadas más cortas mejoran la productividad, algo que no está tan claro como se pretende. Además, la medida viene acompañada de la imposición de un registro horario digital, para aumentar la transparencia en las relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de la normativa, según se dice. Este sistema permitirá a la Inspección de Trabajo acceder en tiempo real a los registros, facilitando la detección de irregularidades y asegurando el respeto a los derechos de los empleados.

La necesidad de invertir en tecnología adecuada, formación del personal y adaptación de procesos internos, puede suponer una carga económica y administrativa importante

Sin embargo, la necesidad de invertir en tecnología adecuada, formación del personal y adaptación de procesos internos, puede suponer una carga económica y administrativa importante. Jordi Mora, presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), ha mostrado su preocupación al respecto, señalando la falta de información detallada por parte de la Administración y la posible resistencia de algunos trabajadores a utilizar sistemas de fichaje.

El incumplimiento de estas nuevas normativas podría acarrear sanciones severas para las empresas. Se prevén multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado en casos de incumplimiento de la jornada efectiva de 37,5 horas.

La implementación de un registro horario digital interconectado con la Inspección de Trabajo representa otra dificultad añadida a la ya larga lista de exigencias desproporcionadas y unilaterales que el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos mayoritarios que comen de su mano, impone a empresas y autónomos.

El papel todo lo soporta, pero es imprescindible tener en cuenta las particularidades de cada uno de los sectores productivos y especialmente las pymes, de forma que se proporcione apoyo adecuado para permitir su adaptación a estas nuevas exigencias. Un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad operativa de las empresas es esencial para el éxito de esta reforma que, recordemos, no cuenta con el respaldo de la patronal, ya que se hace recaer en las empresas todo el peso de las novedosas y abusivas exigencias legales.