Vista de taxis esperando en el aeropuerto, rodeados de palmeras.
La Associació Ràdio Taxi Ciutat ha presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) una demanda contra determinados preceptos del Decreto 6/2026, que regula los servicios de taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en las islas. El recurso cuestiona la obligación de que los taxistas utilicen la aplicación tecnológica que implante la Administración, pese a disponer ya de otros sistemas capaces de transmitir la misma información de forma segura y en tiempo real.
La base de este contencioso es el acuerdo de asamblea del 31 de marzo de 2025, en el que la Junta Directiva presentó un documento aprobado por unanimidad de los asistentes, entre los que participaban, como asociados, los presidentes y directivos de las dos patronales representativas. Esta circunstancia genera ahora una situación contradictoria, ya que la FITIB, federación a la que pertenece la patronal PIMEM, se ha personado como codemandada a favor de la normativa vigente y en contra del posicionamiento de Radio Taxi Ciutat.
El presidente de la asociación, Arnau Bisquerra Esteva, defiende que esta imposición no está suficientemente justificada y puede vulnerar los principios de proporcionalidad, neutralidad tecnológica, interoperabilidad, libre competencia y no imposición de cargas innecesarias. Considera que la Administración debería fijar los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir las aplicaciones, pero permitir el uso de cualquier plataforma homologada que garantice la transmisión de los datos exigidos.
Radio Taxi Ciutat ya cuenta con las plataformas TaxiClick y Taxitronic Alfa 6, que permiten gestionar flotas, asignar servicios, geolocalizar vehículos y facilitar información a la Administración. Según la demanda, la asociación destina cerca de 180.000 euros anuales a esta infraestructura tecnológica y mantiene un centro de atención telefónica con 38 trabajadoras, operativo las 24 horas del día durante todo el año.
Bisquerra destaca la atención personalizada las 24 horas como elemento diferenciador de Radio Taxi Ciutat frente a otras plataformas tecnológicas, e insiste en que la Dirección General de Movilidad debería exigir esa misma atención personalizada a todas las aplicaciones operativas en Mallorca, tal y como establece la Ley 10/2025, aprobada el 26 de diciembre de 2026.
El recurso incide en que obligar a los conductores a trabajar simultáneamente con dos aplicaciones va en contra del proyecto de unificación de emisoras puesto en marcha en Palma, Llucmajor y los municipios de la Serra de Tramuntana, y puede provocar duplicidad de costes, conflictos en la asignación de servicios, dobles comunicaciones, incompatibilidades entre sistemas y más distracciones durante la conducción. La asociación señala además que el expediente administrativo no incorpora ningún estudio técnico o económico que acredite la necesidad de imponer una segunda aplicación, ni que descarte la interoperabilidad con los sistemas ya existentes.
Radio Taxi Ciutat solicita principalmente la anulación del artículo 40 y de la disposición adicional segunda del Decreto 6/2026. Subsidiariamente, pide que se suprima el carácter obligatorio de la aplicación oficial. La asociación insiste en que no se opone a la digitalización del sector, sino a la obligación de duplicar aplicaciones cuando los sistemas existentes ya pueden cumplir las mismas funciones.
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