La discrepancia con la condena al fiscal general es un intento de deslegitimar el Poder Judicial

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dejado a la vista una peligrosa deformación del sentido de las instituciones en España. En democracia, los jueces juzgan; el Ejecutivo gobierna; el Legislativo legisla. Lo demás es ruido institucional y comportamiento antidemocrático. Que ministros, diputados e incluso el propio presidente del Gobierno se hayan arrogado el papel de tribunal paralelo para absolver públicamente a quien la Justicia ha condenado es, sencillamente, impropio.

Discrepar de una sentencia es legítimo. Todos lo hacen cuando el fallo no responde a sus expectativas o les perjudican de algún modo. Pero lo que se está viendo, con alusiones a un "golpe de Estado" y a un "enfrentamiento civil" no es una discrepancia razonada: es un intento de deslegitimación del Tribunal Supremo y con él, de todo el Poder Judicial. Se señala a los magistrados, se les adjudican etiquetas ideológicas para desacreditarlos, se cuestiona su imparcialidad, se insinúan conspiraciones políticas y se rebaja el nivel del debate a un “ellos contra nosotros” que degrada hasta límites intolerables el sistema democrático.

Que ministros, diputados e incluso el propio presidente del Gobierno se hayan arrogado el papel de tribunal paralelo para absolver públicamente a quien la Justicia ha condenado es, sencillamente, impropio

Si el Supremo hubiese absuelto a García Ortiz, ¿escucharíamos a estos mismos dirigentes pedir cambios en la composición del Consejo General del Poder Judicial o insinuar inclinaciones ideológicas de los jueces? No. Los mismos que ahora critican a los magistrados de la Sala Segunda hubiesen aplaudido a rabiar y la absolución hubiese sido presentada como prueba del buen funcionamiento del sistema. Pero como ha habido condena, entonces la sentencia “no vale”, el tribunal “no es neutral” y los jueces “están politizados”.

Este doble rasero erosiona la democracia. No hay libertad ni Estado de derecho sin tribunales independientes y respetados. Y lo que estamos viendo es un Ejecutivo y una mayoría parlamentaria que confunden el poder con la autoridad moral, y la legitimidad electoral con la potestad de reinterpretar la Justicia a su antojo.

La democracia se sostiene en instituciones que se vigilan y se limitan entre sí. Cuando uno de esos poderes pretende colonizar el espacio del otro —en este caso, el Gobierno y miembros del Poder Legislativo invadiendo la función judicial— el sistema entero se resiente. Y conviene recordar a todos que el respeto a las sentencias no es una opción ni un gesto de cortesía institucional. Es la base misma de la convivencia democrática.