La Audiencia Provincial de Baleares ha dado de plazo hasta la última semana de julio a las defensas de dos hijos de 'La Paca', la exmatriarca de Son Banya, y a 10 acusados más por narcotráfico, para llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el marco de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal. En la vista previa que se ha celebrado este miércoles, los abogados defensores han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo, pero éste todavía se tiene que trabajar por lo que no ha podido cerrarse en esta jornada. Así, la Sala les ha dado un plazo de algo más de un mes para acordarlo. De lo contrario, el juicio tendrá lugar a partir de septiembre.
En concreto, a Manuela Fernández Cortés, conocida como 'La Guapi' y a Francisco Fernández Cortés, 'El Ico', ambos hijos de 'La Paca', la Fiscalía les pide siete años de prisión a cada uno por un delito de tráfico de drogas, así como sendas multas de un millón de euros. Además, les pide nueve meses de cárcel más a cada uno por pertenencia a un grupo criminal.
En general, la Fiscalía les acusa de dedicarse a la venta de cocaína de manera "continua y estructurada" al menos desde octubre de 2016 hasta noviembre de 2017. Por su lado, 'La Guapi' se encargaba del aprovisionamiento de la droga y establecía las directrices en relación a su distribución y adquisición, así como de su almacenaje.
Según el relato del fiscal, el funcionamiento del grupo comenzó a alterarse cuando se detuvo a 'La Guapi' en septiembre de 2017 -en el registro se le intervinieron 3,1 kilos de cocaína- ya que tanto ella como otro acusado, su pareja sentimental, también detenido, seguían dando las directrices pero desde la cárcel. Finalmente, al mes siguiente se terminó de detener al resto de los acusados.
PIDEN LA NULIDAD
Durante la sesión de este miércoles, varias defensas de los acusados --entre ellos la de 'La Guapi' y su pareja-- han expuesto sus argumentos para pedir la nulidad del juicio.
Entre otros motivos, se han expuesto la supuesta irregularidad en algunos de los registros realizados, que las acusaciones son "globales y genéricas" o que las escuchas realizadas a distintos investigados han sido "desproporcionada" y vulneran la Constitución.
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