EDITORIAL

La plataforma Insularidad Digna se desactiva sin mejorar el plus de insularidad en Baleares

La anunciada equiparación del plus de insularidad de los empleados públicos del Estado destinados en Baleares con el que cobran los destinados en Canarias sigue en el aire. A pesar de que en noviembre del año pasado, Gobierno y sindicatos lo presentaron como un hito histórico, los teóricos beneficiarios siguen sin ver mejora alguna en sus nóminas.

La indemnización de residencia, denominación oficial del plus de insularidad, sigue siendo ridículamente bajo, por lo que no cumple con su función de compensar a los trabajadores de la Administración General del Estado en las Islas, por el elevado coste de residir aquí. Por razones obvias, un guardia civil destinado en Mallorca, por poner un ejemplo, no puede cobrar lo mismo que uno destinado en la península.

El acceso a la vivienda y el sobrecoste derivado de la insularidad dificultan cubrir plazas en servicios públicos esenciales que competen al Estado. De ahí la fuga constante de trabajadores que no pueden asumir el coste de permanecer en las Islas.

Se dió por hecho que los trabajadores verían importantes mejoras en sus emolumentos. Pero no ha sido así

Lo grave es que se aseguró a la opinión pública y a los propios sindicatos y asociaciones profesionales, que aquel acuerdo de equiparación con Canarias resolvía el problema, cuando en absoluto ha sido así. Se dió por hecho que los trabajadores verían importantes mejoras en sus emolumentos. Pero no ha sido así.

Si el Gobierno merece críticas por sus incumplimientos, resulta igualmente difícil comprender la desmovilización de la plataforma Insularidad Digna, que nació precisamente para evitar que la reivindicación terminara diluyéndose en promesas vanas.

La necesidad de mejorar el salario de los trabajadores de Policía Nacional, Guardia Civil, DGT, administración periférica del Estado, Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc. persiste. El acuerdo alcanzado, por ahora, no ha cambiado esa realidad incuestionable. Y la plataforma Insularidad Digna debería replantearse su estrategia de desmovilización cuando no se han materializado los objetivos por los que protestaban frente a sus centros de trabajo meses atrás.

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