La UCO apunta a una "dinámica presuntamente delictiva" en la compra de mascarillas del Govern Armengol

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un extenso informe —identificado como el número 62/2026— en el que analiza las contrataciones realizadas por la Comunidad Autónoma de Baleares durante la pandemia de Covid-19, especialmente en relación con la compra de mascarillas y la realización de pruebas diagnósticas.

El documento, de más de 200 páginas y acompañado de abundante material digital, ha sido incorporado a las diligencias previas 65/2023 que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 2 . Según el informe, los agentes detectan indicios de una “dinámica presuntamente delictiva” en torno a la adjudicación de contratos públicos, con la intervención de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

MASCARILLAS Y PRUEBAS PCR

Entre los contratos analizados destacan uno de 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2 en mayo de 2020 y otro de 577.000 euros para la gestión de adquisiciones vinculadas a la Covid-19, además de adjudicaciones posteriores relacionadas con pruebas PCR que superan el millón de euros.

Como es sabido, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tras verificar el material suministrado por Soluciones de Gestión, informó que no cumplían las especificaciones técnicas necesarias para ser consideradas PPF2. "Pese a la existencia de este informe, con fecha 12 de agosto de 2020, Antonio Mascaró expidió un documento en el cual hacía constar que la empresa (...) había realizado suministros durante el año 2020 de manera satisfactoria".

La UCO sostiene que existen indicios de que estas adjudicaciones estuvieron influidas por una red de intermediación en la que habrían participado figuras como Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama. Según los investigadores, ambos habrían percibido pagos en metálico que podrían alcanzar los 10.000 euros mensuales, "al menos desde octubre de 2019 (...) hasta septiembre de 2022", presuntamente vinculados a estas operaciones.

Recordemos que los tres citados están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo por el que se conoce como 'caso Mascarillas'. Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. El tercer acusado, Víctor de Aldama, encara la petición más baja -7 años de cárcel- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones. Se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

CONTACTOS DIRECTOS

El informe detalla además comunicaciones intervenidas —principalmente mensajes de WhatsApp y correos electrónicos— que reflejan contactos directos entre los implicados y responsables de la administración balear en los momentos previos a la adjudicación de los contratos. En algunos casos, se documenta el ofrecimiento de grandes cantidades de material sanitario y la agilización de trámites administrativos en plena emergencia sanitaria.

La UCO constata contactos directos entre la entonces presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el exasesor ministerial Koldo García, con el objetivo de facilitar interlocución con el exministro de Transportes José Luis Ábalos en plena crisis sanitaria.

El primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol se produjo el 25 de abril de 2020, cuando Koldo mensajeó a la presidenta de Baleares para presentarse, decirle que está con el ministro Ábalos y pedirle que le llame. Los investigadores desconocen si la llamada solicitada se llegó a producir, pero constatan que ese mismo día, a las 14:43 horas, Manuel Palomino, entonces director de gestión del Servei de Salud de les Illes Balears, envió un mensaje a Koldo donde le informó de que le habían dado su contacto "para conseguir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros.

Diez minutos más tarde, según la Guardia Civil, Víctor de Aldama envía a Íñigo Rotaeche (directivo de la empresa de Soluciones de Gestión) el contacto de Palomino. Los agentes creen que Aldama lo recibió de Koldo. Una hora más tarde, Rotaeche contacta con Palomino y este le dice que Koldo le había hablado de un avión que se desviaría a Mallorca con mascarillas.

La UCO describe que poco después, Antonio Mascaró, entonces subdirector de Compras y Logística del Servei de Salut, envía a una técnica de la central de compras del IbSalut la información proporcionada por Rotaeche y le consulta sobre la idoneidad de las mascarillas: "Me ofrecen estas mascarillas como FFP2. ¿Me diréis qué os parece? Quiero tener la seguridad de si cumplen o no".

Los investigadores concluyen que la compra de mascarillas por parte del Govern balear a Soluciones de Gestión "se habría llevado a cabo el servicio sin haber confeccionado, y firmado previamente, el correspondiente contrato".

Según las comunicaciones intervenidas, parece claro que Koldo actuaba como intermediario entre responsables de la administración balear y el entorno del Ministerio, canalizando peticiones relacionadas tanto con la movilidad —especialmente la gestión de test PCR para el tránsito de viajeros— como con la adquisición de material sanitario.

Entre los mensajes analizados figura una solicitud expresa de Armengol para contactar con el ministro, a la que Koldo responde activando gestiones directas. Asimismo, los investigadores recogen intercambios en los que la dirigente autonómica consulta por la disponibilidad de mascarillas infantiles, obteniendo como respuesta el compromiso del asesor de “arreglarlo” en cuestión de horas.

"Ya por la tarde de este día (26 de abril de 2020) Koldo contesta a Armengol dándole información sobe las mascarillas infantiles que le había solicitado por la mañana, informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000€, dependiendo del avión y transporte, a lo que Armengol le contesta que lo hable con Manuel, pudiéndose referir a Manuel Palomino", reza el informe.

En otra ocasión, el 18 de mayo de 2020, Koldo García envió un whatsapp a Armengol donde le pide que le llame, a lo que la presidenta respondió que estaba ocupada. Los agentes creen que ambos se encuentran en el mismo lugar, pues se celebró en Madrid la reunión del Consejo Político Federal del PSOE.

En el informe de la UCO se lee: "Al parecer, la llamada solicitada no se produce, por lo que unas horas después, ya por la tarde, Koldo le pide a Armengol que "no te olvides de mi (...) igual me puedes ayudar", respondiéndole que le va a llamar Manuel por el tema de las mascarillas, pudiendo referirse a Manuel Palomino. A los pocos minutos de esta conversación, Palomino contacta con Koldo, presentándose y pidiendo una serie de datos para tramitar un pedido de mascarillas. Finalmente, quedan en hablar por teléfono". Una hora más tarde, "es Íñigo Rotaeche quien se pone en contacto con Palomino, presentándose y ofreciendo medio millón de mascarillas (...)".

PATRICIA GÓMEZ

El informe de la UCO también consigna que el día 17 de agosto de 2020, Armengol le envía a Koldo el contacto de la entonces consellera de Salut, Patricia Gómez (actualmente diputada autonómica del PSIB). Koldo le responde: "Vale cariño te mantengo informada de todo".

Según la UCO, Patricia Gómez se reunió con un representante de la empresa Megalap Analíticas en Palma. Al respecto, los agentes señalan: "Esta reunión se habría facilitado (...) gracias a la intervención de Koldo, quien, partiendo de la presidenta del Gobierno balear, habría accedido a la Consejera de Salud, a la que habría puesto en contacto, directamente, con Ignacio Díaz. Todo ello en beneficio de las empresas vinculadas a Víctor de Aldama. Estas gestiones, como ya se ha mencionado, responderían al pago mensual de 10.000 euros que Aldama estaba haciendo llegar a Koldo".

La Policía Judicial considera que a raíz de dicha reunión, Ignacio Díaz "habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Salud y Consumo de Baleares como son Ignacio García Pineda (director general de Farmacia), Manuel Palomino (director de gestión y presupuestos del IbSalut) y Juli Fuster (director general del IbSalut).

La investigación también vincula estas comunicaciones con el empresario Víctor de Aldama, considerado pieza clave en la trama, al hallarse evidencias de estos intercambios en dispositivos intervenidos.

Los agentes concluyen que estos contactos reflejan la existencia de un canal de interlocución paralelo que habría operado durante la pandemia, en un contexto de contratación de emergencia, y cuyo alcance y consecuencias siguen siendo objeto de investigación judicial.

El documento subraya que las conclusiones se formulan en términos indiciarios y deberán ser contrastadas en sede judicial. No obstante, la incorporación de este informe a la causa supone un nuevo avance en una investigación que trata de esclarecer si, al amparo de la urgencia de la pandemia, se produjo un uso irregular de fondos públicos en Baleares.