Las autonomías del PP plantan al Gobierno en la reunión por la regularización de migrantes

La Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Baleares, han rechazado participar este jueves en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, convocada para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha manifestado, entre otros dirigentes 'populares', el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón, en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la reunión.

Pavón ha explicado que esta decisión responde al incumplimiento, por parte del Ministerio, del compromiso adquirido en la Comisión Sectorial de remitir con antelación la documentación necesaria para que las comunidades autónomas pudieran estudiar los asuntos incluidos en el orden del día.

"No se puede pedir a las comunidades autónomas que se pronuncien sobre decisiones de gran trascendencia sin facilitar previamente la información necesaria. Esto no es cooperación institucional ni es la forma de trabajar que requiere una cuestión tan compleja como la inmigración", ha recriminado.

UNA REALIDAD MIGRATORIA QUE SE AGRAVA

También ha lamentado que mientras la realidad migratoria en Baleares "continúa agravándose" el Gobierno mantiene una política "basada en los anuncios y en la falta de coordinación", según ha detallado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

En la convocatoria de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las comunidades autónomas cuya competencia migratoria está gestionada por el Partido Popular han rechazado la "política migratoria opaca e irresponsable": "El Gobierno ha vaciado la Conferencia, de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre Administraciones".

En este sentido, la consejera madrileña, Ana Dávila, ha reprochado que esta convocatoria "se ha programado quince meses después de la anterior", un plazo que, en sus palabras, "por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo".

"DESLEALTAD INSTITUCIONAL"

Las comunidades del PP han denunciado la "deslealtad institucional" del Gobierno, al haber rechazado "todas las solicitudes de información de las comunidades autónomas incurriendo en una deslealtad institucional sin precedentes".

También han asegurado que el Ministerio "oculta el acta y grabaciones": "Ni siquiera disponemos del acta de la Comisión Sectorial de Inmigración y tampoco de la grabación de la reunión, pese a haberlas solicitado en varias ocasiones".

Por ello, la consejera de la Comunidad de Madrid se ha preguntado por qué el Ministerio "mantiene ocultas el acta y el vídeo de la reunión".

Igualmente, el PP critica que el Gobierno "veta información clave a las comunidades autónomas". "El Ministerio tampoco ha cumplido en lo relativo a la documentación que prometió hacer llegar a las comunidades autónomas, pese a las numerosas solicitudes seguimos sin recibir ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en nuestro país", ha apuntado Dávila.

"Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado Plan de Integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas", ha aseverado.

La consejera madrileña ha incidido también en que el Gobierno "ha atendido la solicitud de las comunidades autónomas de compartir la documentación reservada que existe sobre todo este proceso de regularización".

Por una política migratoria "responsable, coordinada y europea", el Partido Popular propone "una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral, una política migratoria que atienda al principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo".