Més denuncia una "persecución ideológica" tras la detención de dos activistas

Més per Mallorca ha elevado el tono contra el Gobierno central tras la detención de dos activistas acusadas de realizar pintadas vandálicas en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí.

La formación ecosoberanista ha acusado al Ejecutivo de "perseguir a personas por una ideología concreta" y ha reclamado explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la actuación de la Guardia Civil responde a una estrategia de "represión" contra el movimiento contrario a la turistificación.

En un comunicado difundido este jueves, Més ha calificado de "auténtica vergüenza" los arrestos practicados el miércoles y ha sostenido que constituyen un uso desproporcionado de la actuación policial. Las dos jóvenes fueron detenidas por la Guardia Civil como presuntas autoras de delitos de daños y contra el patrimonio histórico por las pintadas realizadas meses atrás en varias inmobiliarias del municipio mallorquín. Tras pasar a disposición judicial, ambas quedaron en libertad.

El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, ha defendido que el procedimiento habitual en casos de este tipo consiste en citar al investigado para declarar ante el juez y que, en su caso, el proceso concluya con una sanción económica. A su juicio, la actuación seguida en esta ocasión rompe con esa práctica.

"Lo habitual es recibir una citación en el domicilio. Lo que hemos visto es que agentes de la Guardia Civil acudieron a la puerta de una vivienda para detener, esposar, aislar y mantener detenidas durante todo el día a dos jóvenes", ha afirmado.

Apesteguia ha asegurado que un operativo de estas características "nunca se había visto" en democracia y ha interpretado las detenciones como "un aviso a navegantes dentro de la oleada represiva que vivimos".

En esa línea, ha acusado al Estado de intentar enviar un mensaje intimidatorio a quienes participan en movilizaciones sociales contra la turistificación, advirtiendo de que las fuerzas de seguridad actuarán con dureza para "garantizar el statu quo" y "escarmentar" a quienes desarrollen acciones contrarias a determinados intereses económicos.

El dirigente ecosoberanista ha ido más allá al sostener que los arrestos son "inaceptables desde el punto de vista democrático" porque, a su juicio, buscan "perseguir a personas por una ideología concreta".

"La democracia debe garantizar que la policía no te venga a buscar una mañana a tu casa por tu ideología", ha manifestado.

Solicitud de comparecencia en el Congreso

Paralelamente, el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una solicitud para que comparezcan en la Comisión de Insularidad tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, con el objetivo de que den explicaciones sobre la actuación desarrollada en esta operación.

Vidal considera que los hechos revisten una gravedad "extraordinaria" al entender que suponen una "vulneración de derechos fundamentales" y un intento de "criminalizar" al movimiento social contrario a la turistificación.

"El derecho a la protesta es un pilar básico de cualquier democracia. Lo que no puede pasar es que detengan a activistas por defender el territorio y denunciar los efectos devastadores de la turistificación mientras los responsables de la especulación continúan actuando con total impunidad", ha afirmado.

El diputado pretende que Grande-Marlaska detalle en sede parlamentaria los motivos que justificaron las detenciones, los protocolos aplicados por la Guardia Civil y si durante la actuación se respetaron todas las garantías y derechos de las detenidas.

En cuanto a la comparecencia de Rosario Sánchez, Vidal sostiene que el debate debe trascender el ámbito policial y centrarse en el modelo turístico y urbanístico.

Según ha argumentado, el Estado "acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación".

"Es profundamente preocupante que, ante este conflicto social, la respuesta del Estado sea perseguir a las activistas en lugar de cuestionar los intereses económicos que se enriquecen a costa de los derechos de la ciudadanía", ha concluido.