Las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, admitiendo que habría aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no desarrollan la Ley de Vivienda constituyen una barbaridad política y jurídica de primer orden. Rodríguez admite explícitamente que estaría dispuesta a utilizar un instrumento excepcional del Estado de Derecho para hacer algo que la propia ley no le permite.
Las comunidades autónomas no incumplen la Ley de Vivienda por negarse a declarar zonas tensionadas. Esa posibilidad no es una obligación, sino una facultad discrecional que la norma estatal reconoce expresamente a los gobiernos autonómicos. Declarar o no declarar zonas tensionadas es una decisión política legítima, no un deber jurídico, como falsamente sostiene el Gobierno en un ejercicio vergonzoso de fabricación de bulos.
Que una ministra del Gobierno de España sugiera la aplicación del artículo 155 —concebido para supuestos extremos de deslealtad constitucional, como sucedió en Cataluña en 2017— para suspender la autonomía, por el ejercicio de una competencia reconocida por ley revela hasta qué punto se ha degradado el debate institucional.
Declarar o no declarar zonas tensionadas es una decisión política legítima, no un deber jurídico, como falsamente sostiene el Gobierno en un ejercicio vergonzoso de fabricación de bulos.
El problema no es solo la ligereza con la que se invoca el 155, sino la normalización del autoritarismo retórico: si una comunidad no hace lo que el Gobierno central quiere, se la amenaza con la intervención. Hoy es la vivienda; mañana puede ser cualquier otra política pública. Resulta sumamente inquietante.
La vivienda es un problema grave y complejo, pero no se resolverá falseando el marco legal ni señalando a las autonomías como insumisas cuando actúan dentro de la ley. Si el Gobierno considera insuficiente la Ley de Vivienda, que la reforme. Lo que no puede hacer —y la propia ministra lo ha admitido sin rubor— es aplicar mecanismos constitucionales para forzar conductas que el ordenamiento jurídico no exige.
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