Sanidad en crisis: la factura de un sistema al límite

La sanidad pública atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Las cifras hablan por sí solas y retratan un sistema que ya no es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población. A mediados de 2025, más de 832.000 pacientes aguardaban una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de espera de 118 días, mientras que cuatro millones de personas esperaban una primera consulta con el especialista con una demora media de 96 días. Estas cifras, lejos de ser coyunturales, reflejan una tendencia que se agrava año tras año y se reproduce, con sus particularidades en todas las CCAA.

La presión asistencial se ha disparado en hospitales y centros de salud. Durante el invierno de 2025, varios hospitales españoles registraron jornadas con más de 700 pacientes atendidos en urgencias en un solo día, con pasillos llenos, sillas convertidas en boxes improvisados y un personal sanitario exhausto por la falta de recursos y refuerzos. La situación alcanzó un nuevo punto crítico en enero de 2026, cuando los servicios de urgencias de los principales hospitales del país registraron esperas superiores a las 12 horas y tasas de ocupación que llegaron al 200% de su capacidad. En solo una semana acudieron más de 250.000 personas a urgencias, un 40% más que el año anterior.

Algunos coinciden en afirmar que la sanidad pública española está en cuidados paliativos. Ese diagnóstico, que hace unos años podría haberse interpretado como una exageración retórica, hoy encaja con la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que ven retrasado su diagnóstico, su cirugía o incluso su primera valoración médica. Y no se trata únicamente de datos; se trata de sufrimiento, de incertidumbre y de pérdida de calidad de vida.

El deterioro no pasa desapercibido para la ciudadanía. Según el último barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad y el CIS, solo la mitad de la población declara estar satisfecha con el funcionamiento del sistema, mientras que uno de cada cinco considera que funciona mal y necesita cambios profundos. Los expertos apuntan a un mismo problema. Acceder al sistema se ha convertido en una carrera de obstáculos. Hay colas para conseguir cita en atención primaria, para ver a un especialista, para someterse a pruebas diagnósticas. La acumulación de retrasos erosiona la confianza en un sistema que, durante décadas, fue motivo de orgullo nacional.

Aunque España ha mantenido tradicionalmente buenos indicadores de salud con un gasto por debajo de la media, el propio Consejo Económico y Social (CES) advertía ya en 2024 de que el prestigio del Sistema Nacional de Salud (SNS) se deterioraba por la creciente percepción de ineficacia y por tensiones estructurales no resueltas. Ese aviso no fue suficiente para evitar que el desgaste se acelerara.

La crisis actual no puede atribuirse a un único factor. El envejecimiento poblacional aumenta la demanda asistencial. La escasez de profesionales —fruto en parte de jubilaciones no reemplazadas y de condiciones laborales poco competitivas— limita la capacidad de respuesta del sistema. La infrafinanciación sostenida reduce el margen para reforzar plantillas, modernizar infraestructuras o ampliar servicios. La fractura entre administración y médicos no ayuda a la recuperación.

El resultado es un sistema tensionado hasta el extremo, donde la urgencia desplaza a la planificación y donde la actividad asistencial se orienta a “apagar fuegos” en lugar de prevenirlos. La atención primaria, pilar fundamental del modelo, ha perdido capacidad resolutiva ante consultas masificadas y agendas desbordadas. Y en los hospitales, la ausencia de camas disponibles cronifica una saturación que convierte los pasillos en salas de observación.

La pregunta que debe hacerse ahora la sociedad española no es si la sanidad está en crisis —eso ya está demostrado—, sino qué nivel de deterioro estamos dispuestos a tolerar. Hasta que punto nos podemos permitir que el sistema descarrile.

La sanidad pública ha sido uno de los mayores logros colectivos del país, un motor de igualdad y cohesión social. Permitir su declive implica aceptar que miles de ciudadanos verán comprometida su salud simplemente por vivir en un sistema que ya no tiene capacidad para responder a tiempo.

La crisis sanitaria no resolverá por sí sola. Requerirá inversión sostenida, reformas profundas, estabilización del personal sanitario, reorganización de la atención primaria y una auténtica planificación estratégica a escala nacional. Mientras tanto, las cifras seguirán aumentando y las historias de pacientes atrapados en una espera interminable seguirán multiplicándose.

Hoy, más que nunca, la sanidad pública necesita algo más que declaraciones institucionales: necesita decisiones valientes. Porque cada día que pasa sin actuar es un día en el que el sistema se desgasta un poco más, y con él, la salud de todos.