Efectivos de Baleares trabajando en la zona cero.
Este 29 de abril se han cumplido seis meses desde que una devastadora DANA, el peor desastre meteorológico de toda Europa en 2024 según Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial, azotase tres comunidades autónomas, resultando la provincia de Valencia como la zona más afectada.
El balance oficial asciende a 235 fallecidos (227 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía), un desaparecido y más de 300.000 personas afectadas en 78 municipios (75 en Valencia, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía).
Los daños materiales superan los 17.000 millones de euros, lo que convierte esta catástrofe en una de las más graves de la historia reciente de España.
Desde la Comunidad Autónoma de Illes Balears se llevó a cabo un complejo operativo de respuesta a la emergencia. Se desplazaron a la zona cero, concretamente a los municipios valencianos de Benetússer, Sedaví, Alfafar y Llocnou de la Corona, un total de 244 efectivos de 22 organismos distintos y 49 vehículos.
Las principales tareas realizadas fueron extracciones de agua en diferentes garajes y en pasos inferiores de vías de circulación, investigación de posibles víctimas dentro de un hotel, revisión e investigación de posibles víctimas en vehículos arrastrados por la riada, limpieza de calles y alcantarillado, atenciones sanitarias a población y al personal del mismo contingente, y ayuda a ciudadanos con imposibilidad de movimiento.
A mediados de diciembre el Govern aprobó un Decreto Ley consensuado con los grupos políticos de izquierdas con el objetivo de prohibir la construcción de viviendas y equipamientos sensibles en zonas de riesgo por inundación, así como la legalización de las existentes fuera de ordenación.
Sin embargo, se acordó que estos inmuebles puedan hacer obras de reforma puntuales por cuestiones de salubridad pública o seguridad. Pero si el edificio está en zona inundable, continuará fuera de ordenación. Además, los titulares de viviendas y edificaciones de cualquier tipo y, en general, los terrenos ubicados en zonas inundables, zonas de flujo preferente o áreas de prevención de riesgos de inundación, estarán obligados a comunicar esta circunstancia en caso de venta.
A pesar de los esfuerzos institucionales, la reconstrucción avanza con lentitud. El Gobierno central ha desembolsado 5.082 millones de euros de los 16.600 millones comprometidos, lo que supone tan solo el 30,61 por ciento del montante económico movilizado. La Generalitat Valenciana, por su parte, ha movilizado 1.010 millones de euros, de los que se han abonado 555 millones, lo que representa el 54,95 por ciento.
A pesar de ello, miles de ciudadanos siguen sin recibir las ayudas solicitadas que les permitan recobrar la normalidad en sus vidas.
En el ámbito educativo, la situación es especialmente crítica. Cinco colegios, dos institutos y una escuela infantil permanecen cerrados en siete municipios, afectando a cerca de 4.500 estudiantes. Aunque la Conselleria de Educación asegura haber reubicado a los alumnos y restaurado más de 100 centros, las asociaciones de madres y padres critican la gestión por su lentitud y falta de transparencia.
La gestión de la emergencia, cuestionada desde el primer día, derivó en una investigación judicial por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que ya ha practicado unas 250 declaraciones testificales, en su mayoría de familiares de las 227 víctimas mortales. La titular de este juzgado, Nuria Ruiz Tobarra, se dedica exclusivamente a la instrucción del caso al haber recibido el refuerzo de otra jueza.
La instructora sospecha que los daños materiales “no se podían evitar” pero “las muertes sí”, según expresó en un auto. Además, incide en la tardanza de la Generalitat en enviar la alerta a los dispositivos de telefonía móvil, con instrucciones que entiende “erróneas”.
Hasta el momento, la principal investigada es la exconsejera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) inadmitió las querellas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, remitiendo el caso a los juzgados de instrucción. La Fiscalía respaldó la decisión, indicando que, de encontrarse indicios contra Mazón, se elevará la causa nuevamente al TSJCV.
La gestión del presidente Mazón ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, que ha impulsado seis manifestaciones para exigir su dimisión, en las que participaron miles de ciudadanos.
En el Senado se creó una comisión de investigación cuyos trabajos continúan, aunque se teme que sus conclusiones estén politizadas, como suele suceder en este tipo de comisiones parlamentarias.
Lo cierto es que la posición política de Carlos Mazón es sumamente comprometida a consecuencia de la gestión de la Dana y de su actuación en aquel trágico día, pues mientras arreciaba la lluvia y se desbordaba el barranco del Pollo, él se encontraba almorzando en un restaurante con una periodista y no se incorporó al Centro de Coordinación CECOPI hasta las 20:28 horas de aquel fatídico día, algo que ha sido utilizado para censurar duramente al máximo responsable de la Administración autonómica.
Sin embargo y a pesar de todo, Mazón se mantiene en el cargo y no contempla dimitir.
Seis meses después, la Comunidad Valenciana sigue luchando por superar las secuelas de una tragedia que dejó profundas heridas y que plantea serios interrogantes sobre la gestión de emergencias y la responsabilidad política, además de una patente preocupación por la seguridad de la ciudadanía y por una posible repetición de una situación catastrófica como la vivida el 29 de octubre de 2024.
Así han surgido entidades como la Agrupación ciudadana afectados por la DANA “Tos a una veu” que exige la construcción de las infraestructuras necesarias para evitar que vuela a suceder algo similar, así como el establecimiento de protocolos de emergencia y campañas de información para la población ante determinados tipos de alertas.
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