Acuerdo para elevar el plus de insularidad de funcionarios del Estado en Baleares 

El Gobierno central y las organizaciones sindicales han cerrado este lunes el acuerdo para mejorar el plus de insularidad que perciben los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Baleares. El pacto, alcanzado en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, contempla incrementos que sitúan el complemento entre los 105 y los 697,6 euros mensuales, en función del grupo profesional y de la isla de destino.

La actualización supone una de las principales mejoras de los últimos años en una indemnización considerada clave para favorecer la cobertura de plazas públicas en el archipiélago, donde el elevado coste de la vida, el precio de la vivienda y las dificultades de movilidad han dificultado históricamente la atracción y retención de empleados públicos.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han valorado positivamente el acuerdo alcanzado, al entender que permitirá compensar, al menos parcialmente, el sobrecoste que supone trabajar en Baleares. El sindicato considera que la actualización responde a una reivindicación histórica del personal estatal destinado en las Islas.

No obstante, la organización sindical ha subrayado que este acuerdo constituye únicamente un primer paso y ha recordado que todavía queda pendiente la negociación prevista en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que deberá extender la actualización al conjunto de territorios con indemnización por residencia —Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán— y a todas las administraciones públicas, incluidas la sanidad, la educación, la justicia transferida, las administraciones autonómicas y locales, así como las empresas públicas. Según CSIF, esa negociación deberá concluir antes de finalizar el presente año.

El sindicato argumenta que las singularidades geográficas de estos territorios generan dificultades objetivas para cubrir numerosos puestos de trabajo, una circunstancia que afecta a la estabilidad de los servicios públicos y favorece una continua pérdida de profesionales hacia otros destinos con mejores condiciones económicas.

Mallorca

Menorca, Ibiza y Formentera

Incrementos en Mallorca

En Mallorca, el acuerdo establece una subida generalizada para todos los grupos profesionales. Los funcionarios del subgrupo A1 pasarán de percibir 115,01 euros mensuales a 214,61 euros. En el caso del grupo A2, el complemento aumenta desde los 92,50 hasta los 175,40 euros.

Para los funcionarios del grupo C1, la indemnización crecerá de 80,51 a 144,60 euros mensuales, mientras que en el grupo C2 se incrementará desde los 53,39 hasta los 119,20 euros. Finalmente, el personal de Agrupaciones Profesionales (AP) verá aumentar este complemento de 49,48 a 105,31 euros al mes.

Subidas mucho más elevadas en Menorca, Ibiza y Formentera

El acuerdo contempla incrementos notablemente superiores para los funcionarios destinados en el resto de las islas, donde las dificultades derivadas de la doble insularidad y del acceso a la vivienda son aún mayores.

Así, los funcionarios del grupo A1 pasarán de percibir 127,33 euros mensuales a 697,60 euros. Los del grupo A2 incrementarán su complemento desde los 110,99 hasta los 502,30 euros.

En el grupo C1, la indemnización crecerá de 101,42 a 405,10 euros al mes; en el C2, de 68,60 a 297,90 euros; y para las Agrupaciones Profesionales aumentará desde los 68,03 hasta los 263,17 euros mensuales.

Con este acuerdo culmina una negociación que sindicatos y Gobierno habían intensificado durante las últimas semanas y que responde a una reivindicación mantenida durante años por las organizaciones sindicales para actualizar unas cuantías que habían quedado ampliamente desfasadas respecto al incremento del coste de la vida en Baleares. El objetivo es mejorar el atractivo de los destinos insulares y facilitar la cobertura de plazas en la Administración General del Estado, especialmente en Menorca, Ibiza y Formentera, donde la falta de personal se ha convertido en un problema recurrente para la prestación de servicios públicos.