La negociación para actualizar la indemnización por residencia (plus de insularidad) que perciben los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) destinados en Baleares entra en su fase decisiva. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que contempla complementos de insularidad de entre 105 y 697 euros mensuales, según la categoría profesional, en un intento de equiparar las condiciones retributivas con las existentes en Canarias y corregir una reivindicación histórica de los empleados públicos del archipiélago.
Las conversaciones se desarrollan en el seno de la Mesa de la Administración del Estado y, tras dos reuniones celebradas esta semana, los sindicatos coinciden en que se han producido avances significativos. No obstante, mientras UGT da prácticamente por cercano el acuerdo, CSIF mantiene algunas objeciones y continuará negociando para introducir modificaciones.
La próxima reunión está fijada para el lunes a las 12.00 horas, aunque las organizaciones sindicales confían en seguir trabajando durante el fin de semana para cerrar los aspectos pendientes.
UGT ha valorado muy positivamente el desarrollo de las negociaciones y ha asegurado que los contactos mantenidos con representantes de varios ministerios, celebrados este jueves y viernes tras la aprobación del real decreto que habilita la actualización del plus de residencia, han permitido acercar posturas de manera notable.
En estos encuentros han participado el secretario general de UGT Servicios Públicos de Baleares, Miguel Ángel Romero, y el responsable de Administración General del Estado del sindicato, Fernando Martorell.
Romero ha afirmado que el acuerdo "está muy próximo" y ha destacado que aún quedan algunos "flecos" por resolver antes de su firma definitiva.
"Estamos haciendo todo lo posible por volver a Baleares con un acuerdo que permita lograr lo que llevamos más de dos décadas reivindicando. Queremos que se mejore la compensación por vivir en el archipiélago, que se acabe con la discriminación del personal del Estado que trabaja en Baleares y que se puedan tener plantillas más estables", ha señalado.
De prosperar la propuesta actualmente sobre la mesa, los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Mallorca percibirían un incremento de entre 56 y 100 euros mensuales en concepto de plus de residencia, dependiendo de su categoría profesional. En el caso de Menorca, Eivissa y Formentera, el aumento oscilaría entre 195 y 570 euros al mes.
Por su parte, CSIF ha mostrado una posición más prudente. El sindicato considera insuficiente la propuesta porque la equiparación con Canarias excluye al grupo B y no incorpora los trienios, dos aspectos que considera esenciales para alcanzar una equiparación real.
Además, la organización sindical insiste en que esta actualización debe entenderse como una medida específica para Baleares y que no sustituye la negociación prevista en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que contempla una revisión global de las indemnizaciones por residencia.
En este sentido, CSIF reclama que la futura reforma beneficie a todos los empleados públicos destinados en territorios con especiales dificultades geográficas, como Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, con independencia de la administración en la que presten servicio, incluyendo sanidad, educación, justicia transferida, administraciones autonómicas, entidades locales y empresas públicas.
El sindicato sostiene que las especiales condiciones derivadas de la insularidad y de la lejanía dificultan la cobertura de numerosos puestos de trabajo, reducen el atractivo de estos destinos para los funcionarios y favorecen una constante fuga de profesionales, con el consiguiente perjuicio para la prestación de los servicios públicos.
