Foto: J. Fernández Ortega
Baleares no encaja en los moldes clásicos de la pobreza en España. No lidera los índices de exclusión ni de desempleo, pero su realidad social —según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social— es tan singular como preocupante.
El estudio, elaborado por Cáritas Española y la Fundación FOESSA, define a las Islas como “un territorio de alta riqueza con una exclusión estructural propia”. Menos pobreza visible, más precariedad silenciosa. “Menos exclusión y más vulnerabilidad”.
El informe sitúa la tasa de exclusión social de Baleares en un 19,1 por ciento, ligeramente por debajo de la media nacional. Pero a diferencia de otras comunidades, el problema no está en la pobreza severa, sino “en la dificultad para salir de la vulnerabilidad”.
A lo largo del documento con más de 700 páginas de información se advierte que en Baleares pese la exclusión “no se multiplica”, el problema “se ha enquistado”.
Esa “alta persistencia” significa que, aunque menos familias caen en la pobreza extrema, muchas “no consiguen recuperar la estabilidad una vez que entran en ella”. Son hogares que trabajan, pagan alquiler y mantienen una vida aparentemente normal, pero que viven “a un tropiezo de la exclusión”.
Sin embargo, la exclusión severa afecta aún al 7,4 por ciento de la población, y más del 30 por ciento de los hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La movilidad social ascendente —la capacidad de los hogares para estabilizarse una vez atraviesan una crisis— es baja. Solo uno de cada dos hogares consigue mantener una estabilidad económica de más de seis meses. Así, el 48 por ciento de los hogares baleares se considera plenamente integrado, ocho puntos menos que en 2018, lo que confirma una tendencia al estancamiento.
El informe identifica la vivienda como el núcleo duro de la exclusión balear. No se trata solo de precios altos, sino de un fenómeno estructural. El mercado inmobiliario, orientado a la inversión turística, “ha roto la relación entre salario y vivienda digna” explican en el documento.
“En Baleares, el acceso a la vivienda se ha convertido en el factor que separa la integración de la exclusión” , subrayan.
Según FOESSA, el 62 por ciento de los hogares en exclusión señalan la vivienda como su principal problema, y más de la mitad de los inquilinos destinan más del 40 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler. Entre los jóvenes, solo uno de cada cuatro logra emanciparse antes de los 30 años.
La falta de alquileres asequibles y de parque público provoca un desplazamiento social continuo. Familias que se mudan cada año, trabajadores que viven en habitaciones o caravanas y jóvenes que no pueden emanciparse. Ese nomadismo forzado -añade el informe- erosiona las redes vecinales y debilita el capital social, un rasgo distintivo del modelo balear.
Otra particularidad de Baleares, según FOESSA, es el crecimiento de la exclusión relacional, un tipo de vulnerabilidad que afecta a las relaciones personales, la confianza y la salud mental.
Aunque los indicadores económicos mejoran, la comunidad presenta un aumento de la soledad no deseada y de los conflictos domésticos, especialmente entre hogares jóvenes y monoparentales.
“La exclusión en Baleares tiene un componente emocional que no se mide en renta, sino en vínculos rotos”, señala el informe.
Desde 2018, este indicador ha crecido un 13,7 por ciento en las Islas. Uno de cada tres hogares en exclusión declara no tener a nadie fuera de la familia a quien pedir ayuda, y la soledad no deseada afecta a casi el 20 por ciento de las personas vulnerables, el doble que en la población general.
Esa dimensión —invisible en las estadísticas— convierte a las Islas en uno de los territorios donde la exclusión se vive en silencio. Menos pobreza extrema, pero más ansiedad, más inestabilidad vital y menos sentido de comunidad.
El informe resume esta paradoja con precisión asegurando que Baleares combina "indicadores de prosperidad con dinámicas propias de sociedades frágiles".
El turismo y la inversión mantienen los ingresos altos, pero generan desigualdad estructural. Empleo precario, desarraigo y una creciente distancia entre residentes y recién llegados.
Baleares combina uno de los mayores PIB per cápita de España (29.000 euros) con una de las tasas de precariedad laboral más altas. El 45 por ciento de los trabajadores del sector turístico o de servicios esenciales se encuentran en riesgo de exclusión o vulnerabilidad, según FOESSA. El documento también subraya que la brecha de ingresos entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre es de 6,1 a 1, una de las mayores del país.
“La economía balear produce integración y exclusión a la vez”, concluye FOESSA. “El reto no es crear más riqueza, sino distribuirla y convertirla en bienestar real”.
Más allá de los indicadores económicos, FOESSA detecta un deterioro de la cohesión social en Baleares. El índice de confianza interpersonal ha caído del 44 por ciento en 2018 al 32 por ciento en 2025, y la participación comunitaria o en asociaciones vecinales ha descendido un 10 por ciento respecto a la media nacional.
Baleares no es una comunidad pobre, pero sí una comunidad fracturada. En palabras de los autores, “la exclusión balear no se ve desde fuera, pero se siente desde dentro”. El desafío del Archipiélago es convertir el crecimiento en cohesión, y la prosperidad en vida compartida.
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