Bolaños blinda a los que no pagan en Baleares: los divorcios con hijos esperan más de un año para entrar a juicio

Los datos de la AEAFA, elaborados a partir de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son demoledores para la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 obliga a los ciudadanos a intentar una negociación extrajudicial —a través de los llamados MASC, Medios Adecuados de Solución de Controversias— antes de poder presentar una demanda judicial de divorcio o de guarda y custodia.

El resultado, según la AEAFA y que han expuesto estos días en las jornadas de derecho de familia que se realizan en el Colegio de Abogados de Baleares, es un atasco sin precedentes en el acceso a la Justicia. Las familias en conflicto no han desaparecido, pero sí han dejado de poder presentar su demanda: las de divorcio matrimonial contencioso cayeron un 24,7 por ciento en 2025, y las de guarda, custodia y alimentos de parejas no casadas con menores, un 21,8 por ciento. Son retrocesos que ni siquiera se produjeron durante los meses de cierre por la pandemia, cuando las caídas fueron del 15,7 por ciento y del 11,2 por ciento, respectivamente. Entonces los juzgados estaban físicamente cerrados. Ahora están abiertos, pero la ley actúa como un filtro que impide entrar.

UNA LEY QUE NO FOMENTA LA NEGOCIACIÓN

Además, ese desplome de demandas contenciosas no se ha traducido en más acuerdos. Las demandas consensuadas de divorcio han caído también un 3 por ciento. Las de parejas de hecho con hijos apenas han crecido un 0,8 por ciento, el registro más bajo de los últimos tres años. "La ley, diseñada para fomentar la negociación, no está fomentando nada".

"La ley obliga a entablar una negociación antes de interponer una demanda, lo que dilata durante meses el acceso a los juzgados, provocando un efecto embudo", afirma la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas.

"Enviar un burofax con una propuesta de negociación, esperar hasta 30 días a que la otra parte responda, intentar alcanzar un acuerdo en un plazo de tres meses y, solo si fracasamos, podemos presentar la demanda judicial. Todo este proceso puede prolongarse hasta ocho meses antes de que la demanda llegue al juzgado", explica Quetglas.

QUEJA FORMAL ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

La consecuencia más grave, denuncia la AEAFA en la queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, es que este sistema beneficia precisamente a quienes menos deberían beneficiarse. "El recurso de procedibilidad solo favorece al incumplidor, al que quiere que el procedimiento se prolongue en el tiempo para retrasar, por ejemplo, el pago de la pensión de alimentos. Estamos permitiendo que personas con una conducta reprobable se refugien en esta ley para eludir sus obligaciones."

En Baleares, el impacto ha sido pronunciado. Según los datos de la asociación, en el tercer trimestre de 2025 las demandas contenciosas de divorcio cayeron un 50 por ciento respecto al año anterior, la cifra más alta de todo el territorio nacional.

LOS ABOGADOS Y LA MEDIACIÓN: "YA LO HACÍAMOS ANTES"

Tanto Roig como Quetglas despachan con contundencia la idea de que los MASC representan una novedad que la abogacía familiar debería abrazar. "La mediación ha existido desde hace años", dice Quetglas. "Nosotros ya lo aplicábamos, tanto con ayuda externa, como un psicólogo mediador, como nosotros mismos. Eran conversaciones entre abogados, negociaciones para templar y acercar posturas."

Lo que ambos rechazan es su imposición burocrática, con plazos que perjudican a quienes necesitan protección urgente. Carlos Roig describe el caos generado por la implementación de la nueva ley: "Han empezado la casa por la ventana. A lo mejor si en un plazo de seis meses hubieran creado un cuerpo de funcionarios enseñándoles a cómo aplicar la nueva ley... Pero lo han empezado rápido."

La AEAFA ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo que se excluya el requisito de procedibilidad de todos los procesos de familia con menores afectados, recordando que en España los procesos judiciales de esta naturaleza afectan cada año a unos 300.000 niños, niñas y adolescentes. Y no está sola: el 13 de noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó con 185 votos a favor y solo 16 en contra una enmienda del PNV instando al Gobierno a excluir los MASC de los procedimientos de familia con menores. Un juez de Valencia de Alcántara ha dado un paso más y ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos de los menores.

LOS JUZGADOS, AL LÍMETE

El colapso no es solo estadístico. En la práctica, los procesos de divorcio contencioso que antes se resolvían en tres o cuatro meses ahora se dilatan hasta el año o más. "Tranquilamente puedes irte al año", confirma Quetglas, quien ilustra el problema con un dato extremo: una demanda de discapacidad con preferencia por razón de edad —la demandante tiene 97 años— tiene señalado el juicio para diciembre.

"La situación es tensa. Están las cuestiones de los menores, por supuesto, delante de todo. Pero eso genera una presión y una tensión emocional enorme que no ayuda, que no simplifica. La conflictividad se acrecienta", describe Quetglas. Y añade: "No es lo mismo negociar un mutuo acuerdo y en tres meses tenerlo resuelto que estar con un abogado comunicándole constantemente la problemática, presentando escritos. Todo eso conlleva un sobrecoste para el cliente."