Mientras la mayoría de los ciudadanos de Palma ultiman compras y celebraciones, en los juzgados de la ciudad se está gestando un desorden que debería encender todas las alarmas. Funcionarios y sindicatos han levantado la voz ante lo que califican de “caos absoluto” en la reorganización de la administración de justicia, provocada por la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia o, como ya la denominan muchos en los pasillos judiciales, la Ley Bolaños.
Cajas apiladas, empleados que no saben dónde deben sentarse ni cuál es su puesto de trabajo y atención al público interrumpida. Escenas más propias del cine satírico que de un servicio público esencial. Sin embargo, es la realidad que se vive estos días en los juzgados de Sa Gerreria y otras sedes judiciales de Palma. La mudanza de espacios y funciones, que debía realizarse fuera del horario laboral, se ha ejecutado en pleno calendario de trabajo y sin una comunicación clara ni ordenada a la plantilla, según denuncia el sindicato CSIF.
Que una reforma —en teoría diseñada para modernizar la justicia— termine por paralizarla es una paradoja demasiado evidente como para mirar hacia otro lado. La implantación de los nuevos tribunales de instancia ha llegado sin que los medios materiales ni la planificación hayan acompañado a la ambición legislativa. Mucha reforma sobre el papel, poca previsión sobre el terreno.
Cuando la justicia se atasca antes incluso de arrancar, la confianza pública se resiente
Es indiscutible que la justicia española necesita cambios para ser más accesible, ágil y transparente. Pero reformar sin garantizar una transición ordenada es como prometer un coche eléctrico sin asegurarse de que hay enchufes. Bienintencionado, sí. Eficaz, no. La ciudadanía, en lugar de encontrar soluciones, se topa con ventanillas cerradas, documentación sin custodiar y personal desorientado. Eso, más que eficiencia, tiene un nombre bastante más pedestre: improvisación.
Este caos no solo afecta al funcionariado, que deambula literalmente en busca de su mesa de trabajo. Golpea de lleno a quienes acuden a los juzgados con problemas muy reales: una reclamación civil, un conflicto penal o una tutela familiar. Cuando la justicia se atasca antes incluso de arrancar, la confianza pública se resiente. Y recuperar esa confianza siempre cuesta más que perderla.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, haría bien —y debería— en leer esta situación como lo que es: una señal de alarma. Una oportunidad para detenerse, replantear plazos y dotar de recursos humanos y materiales a una transición que, tal y como está planteada ahora, parece condenada al fracaso. Si el objetivo es una justicia más eficiente, empezar con un “caos absoluto” no parece el mejor prólogo.
Porque más allá de términos técnicos y grandilocuentes como “Ley de Eficiencia”, lo que late en este desbarajuste es una pregunta sencilla y esencial: ¿para quién se reforma la justicia? Si la respuesta no incluye a los ciudadanos y a quienes la sostienen cada día, el resultado será una modernización vacía que acaba desplomándose sobre los pies de quienes más la necesitan.
Lo que queda claro tras este episodio es que la reforma no está dejando satisfecho a ninguno de los actores implicados en la justicia. Las quejas hacia el ministro y sus cambios han sido durante meses latentes, palpables y audibles… salvo para los palmeros que, por miedo al jefe supremo, prefieren callar. Porque antes de tirarse a la piscina conviene comprobar que haya agua suficiente.
No sabemos si la justicia en 2026 será mejor. Lo que sí ha quedado claro es que 2025 no ha sido “el año del cambio” prometido. La crispación entre los profesionales de la justicia es tan evidente como preocupante. Y cuando quienes deben garantizar el funcionamiento del sistema pierden la paciencia, el problema ya no es interno: es estructural.
