Cataluña necesita hablar de seguridad sin racismo y sin autoengaño

Hay debates que una sociedad madura no puede seguir escondiendo debajo de la alfombra. La relación entre inmigración, delincuencia y seguridad ciudadana es uno de ellos. No porque ser extranjero sea sinónimo de delincuente, eso sería falso, injusto y moralmente inaceptable, sino porque los datos disponibles en Cataluña muestran una sobrerrepresentación muy relevante de personas de nacionalidad extranjera en determinadas detenciones policiales.

Y cuando los datos son incómodos, lo peor que puede hacer una democracia es ocultarlos.

Según las cifras conocidas a través de informaciones periodísticas sobre datos remitidos al Parlament, los extranjeros concentraron en 2025 el 84,3% de las detenciones por hurtos, el 73% por robos con violencia y alrededor del 60% por agresiones sexuales. Cataluña, al mismo tiempo, tiene una población extranjera cercana al 18,7%. La diferencia entre peso demográfico y peso en determinadas detenciones es demasiado grande como para despacharla con un “no pasa nada” o con acusaciones automáticas de racismo a quien pregunte.

Pero también hay que decirlo con precisión, hablamos de detenciones, no de condenas firmes. Hablamos de nacionalidad, no de raza. Hablamos de tipologías delictivas concretas, no de todos los delitos. Y hablamos de una minoría de personas que delinquen, no de millones de extranjeros que trabajan, pagan impuestos, abren negocios, cuidan familias y forman parte normal de la sociedad catalana.

Precisamente por respeto a esos inmigrantes honrados, el debate debe abordarse con seriedad. El silencio no protege la convivencia; la deteriora. Cuando una parte de la población percibe inseguridad y la administración responde con evasivas, el espacio lo ocupan los discursos más duros, más simples y más injustos. La transparencia es el mejor antídoto contra la manipulación.

La primera obligación de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos. Eso incluye a los ciudadanos españoles y también a los extranjeros que viven legalmente y cumplen la ley.

Nadie debería tener miedo de coger el metro, abrir una tienda, caminar de noche o ver cómo la multirreincidencia convierte determinadas zonas en territorios de impunidad.

La respuesta no puede ser señalar colectivamente al extranjero. La respuesta debe ser aplicar la ley con claridad, más medios policiales donde hay concentración de delitos, persecución real de la multirreincidencia, juzgados ágiles, coordinación con extranjería cuando haya condenas graves, expulsiones cuando la ley lo permita, control de bandas organizadas y políticas de integración que no sean solo eslóganes.

Integrar no es únicamente empadronar. Integrar es exigir cumplimiento de normas, escolarización, inserción laboral real y respeto a las reglas comunes. Una política migratoria seria no puede limitarse a abrir la puerta y luego desentenderse de los efectos sobre vivienda, salarios, servicios públicos y seguridad.

También conviene distinguir. No es lo mismo el migrante que viene a trabajar que el delincuente multirreincidente. No es lo mismo una familia extranjera que lleva años
integrada que una red organizada dedicada al hurto, la droga o el robo violento. Meterlo todo en el mismo saco es injusto. Negar que existen problemas específicos también lo es.

Cataluña necesita menos propaganda y más datos. Menos tabú y más gestión. Menos superioridad moral y más protección efectiva de la calle. La seguridad es la condición mínima para que una sociedad funcione.

Hablar de estos datos no es racismo. Racismo sería condenar a una persona por su origen. Pero exigir que quien comete delitos responda ante la ley, sea español o extranjero, no es racismo, es Estado de Derecho.

La convivencia se defiende con dos ideas a la vez, respeto absoluto a los inmigrantes honrados y firmeza absoluta contra quienes delinquen. Negar una de las dos nos lleva al fracaso.