Consumo exige a Airbnb la retirada de 65.935 anuncios de alquiler turístico ilegal

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha exigido a la plataforma Airbnb la eliminación inmediata de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que, según el Gobierno, incumplen la normativa vigente en materia de publicidad de alojamientos turísticos.

En los últimos meses, la Dirección General de Consumo ha emitido tres resoluciones dirigidas a Airbnb en las que se notificaban decenas de miles de anuncios presuntamente ilegales y se instaba a la empresa a su bloqueo. La mayoría de estas publicaciones vulneran la ley por carecer del número de licencia turística, ocultar la naturaleza jurídica del arrendador o utilizar números de registro no válidos.

La respuesta de la compañía fue llevar la actuación de Consumo ante los tribunales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado ahora una de las resoluciones del Ministerio y ha ordenado a Airbnb retirar una primera tanda de 5.800 anuncios alojados en su plataforma que han sido calificados como ilegales.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM afectan a viviendas situadas en Baleares, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, comunidades autónomas que cuentan con regulaciones específicas sobre el alquiler turístico.

Desde el Ministerio de Consumo insisten en que la actuación de Airbnb “vulnera de forma sistemática” la normativa española. Según la cartera que dirige Bustinduy, “la mayoría de estos anuncios carecen de información básica exigida por la normativa autonómica, como el número de licencia turística o la identificación del arrendador, lo que impide a los consumidores tener garantías sobre la legalidad de la oferta”.

La empresa, por su parte, sostiene que la normativa es confusa y cambiante según la comunidad autónoma, y ha defendido en distintas ocasiones que está comprometida con la colaboración con las autoridades. No obstante, el TSJM ha considerado correctas las acciones del Ministerio y reconoce su competencia para exigir la retirada de este tipo de anuncios publicitarios en línea.

El fallo judicial representa un espaldarazo a la estrategia del Gobierno para poner freno a la oferta ilegal de alojamiento turístico, que en los últimos años ha crecido de forma exponencial en plataformas como Airbnb, provocando un incremento de la presión sobre los precios del alquiler y la gentrificación en zonas urbanas y turísticas.

OFERTA ILEGAL

Desde Consumo remarcan que su labor no se dirige contra los particulares que alquilan de forma legal, sino contra la publicidad engañosa y las prácticas que vulneran los derechos de los consumidores. En este sentido, fuentes ministeriales indican que seguirán actuando contra plataformas que no garanticen la transparencia y la legalidad de los anuncios que alojan.

Airbnb, cuya sede europea se encuentra en Irlanda, ha recibido la notificación oficial que le exige eliminar todos los anuncios ilegales identificados hasta la fecha. Desde el Ministerio advierten que, de no cumplir con la orden, la compañía se expone a sanciones económicas y nuevas acciones judiciales.

RESPUESTA DE AIRBNB

Airbnb, por su parte, ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de usar una "metodología indiscriminada" a la hora de elaborar un listado de anuncios que ha desembocado, en primera instancia, en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conocido este lunes y que insta a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos en la plataforma.

Así lo ha manifestado un portavoz de la compañía a Europa Press, asegurando que continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso, ya que "están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas".

"El Ministerio, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas --como arrendamientos de temporada que no son oferta turística-, ha defendido al respecto.

A su vez, el portavoz ha denunciado que ha ignorado de "manera deliberada" las resoluciones del Tribunal Supremo de España que "han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro".

Por otro lado, ha mantenido que la firma es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. En esta línea, en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Además, en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia "clave", según Airbnb: "la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia".