La decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir de forma definitiva la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en toda la ciudad es una medida valiente, necesaria y, sobre todo, acertada. Durante demasiados años, el debate sobre el impacto del alquiler vacacional ha estado contaminado por intereses económicos y
El Govern balear mantiene su veto a nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares pese a las objeciones de la Comisión Europea que cuestiona la medida.
El crecimiento del alquiler turístico, como Airbnb, incrementa la presión en el mercado de vivienda y transforma los barrios residenciales, elevando precios y provocando problemas sociales, a pesar de generar beneficios económicos en zonas no hoteleras.
El Parlament, con los votos favorables del PP y Vox y la oposición de la izquierda, ha reclamado al Gobierno que retire la posibilidad de que las embarcaciones particulares, las de lista séptima, puedan destinarse al alquiler turístico.
Palma ha decidido no otorgar nuevas licencias de alquiler turístico, manteniendo solo las 639 vigentes. La medida busca regular el mercado y aliviar la presión sobre la vivienda, con fuertes sanciones para quienes operen sin licencia.
El Consell de Mallorca ha impuesto sanciones por un valor superior a los 300.000 euros a varios pisos de un mismo edificio del distrito de Llevant, en Palma, donde se realizaba actividad turística sin disponer de la licencia correspondiente.
Las asociaciones de hoteleros de Palma-Cala Mayor y de Playa de Palma han valorado positivamente la prohibición de las viviendas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este martes la intención de prohibir nuevos alquileres turísticos en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado que Airbnb, plataforma especializada en alquiler de alojamientos turísticos, retire de su web los cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.
El Ayuntamiento de Palma estima que hay 15,000 viviendas de alquiler turístico ilegal. Para combatir esta práctica, han firmado un convenio con el Consell de Mallorca que permitirá realizar inspecciones y sanciones coordinadas durante cuatro años.
Llorenç Galmés, presidente del Consell, firmó un acuerdo con Airbnb para mejorar la regulación del turismo en Mallorca. Permitirá retirar anuncios ilegales y establecer un control automático sobre alojamientos, fomentando un turismo más responsable.
El TSJM ha emitido este jueves un nuevo auto en el que ha desestimado el recurso de reposición de Airbnb y ha ordenado la retirada de 5.800 anuncios en la plataforma. Éstos afectan a la publicidad de viviendas turísticas de hasta seis comunidades autónomas, entre las que se encuentra Islas
