La decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir de forma definitiva la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en toda la ciudad es una medida valiente, necesaria y, sobre todo, acertada. Durante demasiados años, el debate sobre el impacto del alquiler vacacional ha estado contaminado por intereses económicos y discursos que intentaban minimizar sus consecuencias reales. Pero la realidad cotidiana de miles de residentes ha terminado imponiéndose; encontrar una vivienda asequible en Palma se ha convertido en una misión prácticamente imposible.
La capital balear llevaba tiempo caminando hacia un modelo urbano peligrosamente desequilibrado. La proliferación de viviendas destinadas al turismo ha reducido de forma drástica la oferta residencial tradicional, expulsando a familias, trabajadores y jóvenes del mercado inmobiliario. El resultado ha sido devastador: alquileres disparados, precios de compra inaccesibles y barrios enteros sometidos a una presión turística incompatible con la vida vecinal.
No se trata de demonizar al turismo, principal motor económico de Mallorca, sino de poner límites razonables a un fenómeno que había desbordado cualquier lógica social. La vivienda no puede convertirse exclusivamente en un activo financiero orientado al visitante temporal mientras quienes sostienen la ciudad -sanitarios, profesores, camareros, policías o empleados del comercio- se ven obligados a abandonar Palma o destinar más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler.
La decisión urbanística aprobada impide que las plazas dadas de baja puedan recuperarse en el futuro, abriendo la puerta a un decrecimiento progresivo de la oferta vacacional por esta vía
La modificación urbanística aprobada por Cort elimina además la previsión de crecimiento de 374 nuevas plazas turísticas y cierra definitivamente cualquier resquicio para ampliar este modelo. También impide que las plazas dadas de baja puedan recuperarse en el futuro, abriendo la puerta a un decrecimiento progresivo de la oferta vacacional por esta vía. Esa es precisamente la dirección correcta.
Quienes sostienen que el alquiler turístico tiene un peso “menor” en la crisis de vivienda olvidan un detalle fundamental: en ciudades limitadas territorialmente como Palma, cada vivienda que sale del mercado residencial tiene un efecto inmediato sobre los precios. Y ese efecto se multiplica cuando miles de inmuebles se destinan a un negocio mucho más rentable que el alquiler convencional.
La protección del derecho a la vivienda exige decisiones políticas incómodas. Esta es una de ellas. Palma no podía seguir permitiendo que el interés particular de unos pocos prevaleciera sobre el interés general de toda una ciudad. Frenar nuevas plazas turísticas no resolverá por sí solo el problema habitacional, pero sí supone un mensaje claro: la prioridad debe volver a ser quien vive aquí durante todo el año y no únicamente quien llega por unos días.
