¿Qué tal el aterrizaje en la conselleria después de media legislatura en el Congreso de los Diputados?
— Bien. Me he encontrado con un equipo de profesionales, tanto funcionarios como los nuevos responsables políticos, que hace fácil trabajar con ilusión. El recibimiento ha sido muy bueno y quiero agradecer el trabajo de Catalina Cirer, no solo estos dos años al frente, sino sus más de 30 años de dedicación. Eso sí, la conselleria estaba muy desmantelada a nivel funcionarial, con carencias de personal que complican la gestión. Ya estamos poniendo remedio, pero los retos son enormes.
La acción de gobierno depende de pactos con Vox. ¿Se siente cómoda con lo pactado en su área?
— Nos presentamos con un programa propio, pero sin mayoría suficiente tuvimos que alcanzar pactos. Siempre dentro de unas líneas rojas. Lo mismo ocurre a nivel presupuestario: todos estaríamos más cómodos aplicando solo nuestro ideario, pero la democracia exige consensos. En lo que afecta a mi Conselleria, el requisito de tres años de residencia legal para acceder a la renta social garantizada o la renta de emancipación es necesario. No podemos contribuir al efecto llamada ni generar falsas expectativas.
“No podemos contribuir al efecto llamada ni generar falsas expectativas”
¿Comparte planteamientos de Vox, como negar ayudas a quienes no sean españoles?
— No. Hay retóricas con las que no estamos de acuerdo, porque militamos en partidos distintos. Yo me considero moderada y vinculada a los servicios sociales. El efecto llamada no, pero cobertura mínima sí. Lo que no podemos es atender solos a las más de 5.400 personas llegadas este año por la ruta argelina ni a los casi 700 menores no acompañados que desbordan los sistemas de protección. Pedimos auxilio al Gobierno central y nos lo niega.
¿Ve razones políticas en la actitud del Ejecutivo de Sánchez?
— Sí, incluso más personales que políticas. En el reparto de menores se excluye al País Vasco y a Cataluña, algo incomprensible. Parece un cálculo partidista. Las comunidades del PP hemos dicho basta y pedimos criterios claros.
Desde el PSOE les acusan de no haber creado plazas para menores. ¿Qué responde?
— Que es falso. Los consells insulars están haciendo un esfuerzo enorme para dar respuesta a la llegada constante de menores. El sistema de protección no está diseñado para que dos de cada tres menores sean migrantes. Estamos ante una crisis migratoria que debe afrontar el Estado, no solo Baleares.
¿Comprende la situación en el Consell de Formentera?
— Sí, y estamos en contacto permanente. Firmamos un convenio de 4,1 millones de euros para reforzar servicios sociales. Jurídicamente, la competencia de menores no puede devolverse sin reforma estatutaria, pero ayudaremos con financiación y coordinación.
¿Cómo van a resolver los retrasos en dependencia y discapacidad?
— Presentaremos este mes un plan de choque con tres ejes: refuerzo de personal, mejoras organizativas y ampliación de recursos. Es para todas las islas, porque sabemos que Ibiza y Formentera están peor. Hoy atendemos a 33.700 personas en dependencia, 6.200 más que con la izquierda. Hay avances, pero no suficientes.
El delegado del Gobierno les acusa de racistas. ¿Qué le provoca esa acusación?
— Es una vergüenza. Los que atendemos a los 700 menores somos nosotros y los consells. Ellos no tienen política migratoria, miran hacia otro lado mientras mueren personas en el mar y las mafias trafican con vidas. Que nos llamen racistas es grotesco.
“Que nos llamen racistas es una vergüenza; los que miran hacia otro lado son ellos”
Los servicios estatales, como Extranjería, están colapsados…
— Sí. Guardia Civil, Policía Nacional, Extranjería… todos desmantelados. Hay citas presenciales que se revenden a 400 euros. Personas en situación regular pueden acabar en la irregularidad por no poder renovar su documentación. El Gobierno central crea un efecto llamada y luego no da soluciones.
En determinados sectores económicos, Baleares depende de la inmigración. ¿Qué modelo defiende?
— Estamos a favor de una inmigración regular y ordenada. La necesitamos y es un orgullo que las personas elijan nuestra tierra para su proyecto vital. Pero la inmigración irregular, explotada por mafias, no ofrece oportunidades ni a ellos ni a nosotros.
“El Gobierno central ha dejado desmantelados los servicios de extranjería, Guardia Civil y Policía”
Usted hablaba antes de los mayores. ¿Qué modelo defiende?
— Un modelo centrado en la persona. La mayoría quiere envejecer en casa y nuestro deber es facilitarlo: comida a domicilio, asistencia, autonomía personal… No solo atención residencial, que seguirá siendo necesaria. Queremos que nuestros mayores decidan cómo vivir su última etapa con dignidad y autonomía.
