El Gobierno central incumple su promesa de equiparar con Canarias el plus de insularidad de Baleares

Durante años, funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Baleares venían denunciando una situación que consideraban insostenible. Guardia Civil, Policía Nacional, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Seguridad Social, DGT, Agencia Tributaria y otros colectivos advertían de que el coste real de vivir en las islas había evolucionado a una velocidad muy superior a la compensación económica por insularidad.

El problema alcanzó especial gravedad en Ibiza y Formentera. Encontrar vivienda se había convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Algunas organizaciones alertaban de dificultades para cubrir plazas y de una elevada rotación de personal. Las consecuencias, advertían, no afectaban únicamente a los trabajadores sino también a la prestación de servicios públicos.

Bajo esa presión nació y ganó protagonismo la plataforma Insularidad Digna, una estructura que agrupó a sindicatos y asociaciones profesionales de distintos cuerpos estatales. Protagonizaron concentraciones, reuniones institucionales y campañas de presión hasta que a finales de noviembre de 2025, Gobierno y organizaciones sindicales comunicaron un acuerdo que fue recibido públicamente como una victoria histórica.

Se habló de cifras concretas: 206 euros mensuales para Mallorca y 410 euros para Menorca, Ibiza y Formentera, equiparando la indemnización de residencia (el plus de insularidad) de Baleares a Canarias.

Sin embargo y pese a la evidente desmovilización de la plataforma Insularidad Digna, no se han llevado a cabo los desarrollos normativos que aquel compromiso alcanzado requiere para transformarse en realidad.

Las razones apuntan a varios factores. En primer lugar, la necesidad de desarrollo normativo específico. Los acuerdos marco entre Gobierno y sindicatos no generan automáticamente cambios retributivos efectivos. Requieren instrumentos posteriores que concreten y habiliten jurídicamente el gasto.

En segundo lugar aparece el factor presupuestario. Elevar de forma estructural el complemento de residencia de miles de funcionarios supone un impacto económico relevante y permanente. Y sin Presupuestos Generales del Estado que contemplen el incremento retributivo, es imposible llevarlo a cabo.

A pesar de ello, la presión que estuvo ejerciendo la plataforma ha desaparecido. Las mismas organizaciones que durante meses alertaron de una situación crítica, han reducido drásticamente la intensidad de las movilizaciones después del anuncio.

Fuentes del sindicato UGT explican a Mallorcadiario.com que el compromiso suscrito con el Gobierno para equiparar el plus de insularidad con Canarias, sigue en pie. Sin embargo, su aplicación efectiva se demora porque "la Administración es muy lenta". Además, el cambio al frente del Ministerio de Hacienda (Arcadi España sustituyó a María Jesús Montero el pasado mes de marzo), parece servir de excusa para este retraso.

También opinan que la negociación de las 35 horas semanales puede haber influido. Pero en cualquier caso, aseguran que si "a finales de año no se ha cerrado el incremento del plus de insularidad, se retomarán las movilizaciones", advierten.