La oficialidad del catalán en la UE se le atasca al Gobierno: un año sin avances

Así, España no ha pedido su inclusión en la reunión de este martes en Luxemburgo, han confirmado fuentes comunitarias, consciente de que las posiciones se mantienen. De hecho, en varias capitales consultadas por Europa Press ponen de relieve que no ven como prioridad abordar esta cuestión en un momento internacional tan complejo como el actual y en el que la UE tiene otras prioridades.

El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara un nuevo mandato de Pedro Sánchez y, aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, intentó acelerar su aprobación.

En este sentido, llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales, donde tiene que adoptarse la decisión, aprovechando que fijaba la agenda al ser presidencia de turno en el último semestre de 2023. Tras ello, volvió a pedir que se incluyera en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última, en julio de 2025 con Dinamarca.

Sin embargo, la presidencia que este semestre recae en Chipre concluirá sin que España haya intentado elevarlo al debate de los ministros ni una sola vez en estos seis meses, según confirman distintas fuentes europeas a Europa Press.

LA UNANIMIDAD, PRINCIPAL ESCOLLO

Desde el primer momento, la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida se convirtió en el principal escollo, pese a los esfuerzos del Gobierno para intentar disipar las dudas entre sus socios, en particular de índole jurídica y sobre todo que pueda convertirse en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembro puedan intentar lograr el mismo estatus.

Así, el Gobierno no solo se ha comprometido a sufragar los gastos adicionales --que la Comisión Europea sitúa en torno a los 132 millones de euros anuales, basándose en lo ocurrido con el gaélico--, sino que también ha planteado una implementación parcial una vez concedida la oficialidad, para aligerar de este modo la carga.

En concreto, el Ejecutivo planteó a sus socios en la primavera de 2025 que catalán, euskera y gallego sean oficiales desde 2027, si bien solo se traducirían a partir de esa fecha los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.

Por lo que se refiere a establecer un precedente, el Gobierno se aferra a que las tres lenguas cooficiales están recogidas en la Constitución ya antes de entrar en la UE, se usan en Congreso y Senado y España tradujo hace años a las tres los tratados, además de buena parte de la legislación europea.

Además, en la citada propuesta de hace un año, a la que tuvo acceso Europa Press, planteó incluir una declaración adjunta en la que se deje claro que las futuras peticiones se valorarán "caso por caso" y cumplir "criterios estrictos", como que sea históricamente originaria del país que lo solicita y estar reconocida en la Constitución de dicho Estado durante al menos dos décadas.

LAS DUDAS PERSISTEN

Pese a estos esfuerzos, sigue sin haber convencido a sus socios. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha venido manteniendo que ya son 20 de los 27 Estados miembros que no se oponen a respaldar la oficialidad de las tres lenguas, aún habría siete que lo hacen. Otras fuentes europeas elevan a al menos una decena de delegaciones las que han expresado dudas.

Uno de ellos es Alemania, como quedó de manifiesto en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 18 de julio, en donde el representante alemán fue el más asertivo y se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, según el cual sería necesaria una reforma de los Tratados para asegurar la base legal de una eventual oficialidad.

Consciente del peso que tiene este Estado miembro entre los Veintisiete, el Gobierno optó por buscar el acuerdo en bilateral y acordó con Berlín a finales de octubre pasado entablar un diálogo que permitiera dar "respuesta" a la solicitud española "de forma que sea aceptable para todos los Estados miembro".

Sin embargo, ese diálogo ha sido infructuoso, como quedó de manifiesto tras el encuentro mantenido el pasado 20 de mayo por Albares con su homólogo germano, Johann Wadephul. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego fue abordada por ambos "in extenso", en palabras de Albares, pero posteriormente el Ministerio de Exteriores alemán aclaró a Europa Press que Alemania no había cambiado de postura y seguía teniendo dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico.

EL GOBIERNO INSISTE EN QUE ES PRIORITARIO

El Gobierno, y principalmente Albares, ha venido defendiendo que la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE es una "prioridad", sobre todo en momentos en los que la relación con Junts se ha tensado, pero sus socios no opinan lo mismo.

Así, un diplomático de uno de los países que mantienen sus reservas reconoce a Europa Press que cuesta ver como prioritario un asunto como este con una guerra como la de Ucrania a las puertas de Europa y con el impacto que está teniendo también el conflicto de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

También cuestiona este extremo otro diplomático de uno de los países a priori entre los que no se opondrían a apoyar a España, que incide en que a los socios no les es fácil entender que el Gobierno pida que se apoye esto como algo prioritario y luego no muestre la misma solidaridad o europeísmo a la hora de cuestiones que preocupan mucho a los socios, como China, o al posicionarse frente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, los socios siguen esperando a que el servicio jurídico de la UE elabore un informe que termine de disipar sus dudas en este ámbito, pero para que esto ocurra tiene que ser España quien lo solicite y el Gobierno no ha dado este paso. Sigue habiendo "inquietudes" respecto a los aspectos jurídicos, financieros y prácticos de la propuesta española, admite un diplomático de un tercer Estado miembro.

El Gobierno tampoco ha dado el paso de solicitar a la Comisión Europea que realice una evaluación de impacto completa que ponga cifras al coste económico y práctico de la medida, a pesar de que Bruselas mostró su disposición a hacerlo si así se lo solicitaban. España ha prometido a los 27 que asumirá el gasto, pero los socios demandan cifras claras y el detalle de su encaje legal para estudiarlo, ya que una de las claves de la oficialidad es, precisamente, que todo corra a cargo de las arcas comunitarias.