Liberales, funcionarios e incentivos

La economía es la ciencia de los incentivos. De hecho, así como los ingenieros se dedican a estudiar cómo dominar las fuerzas de la naturaleza, los economistas intentan descubrir el inmenso poder, no siempre evidente, de los incentivos. Lo cual resulta especialmente interesante para el gobernante, quien de esta forma puede contar con un criterio objetivo para valorar la utilidad social de sus actuaciones y normas.

Por ejemplo, uno de los primeros derechos fundamentales de las constituciones democráticas más exitosas es el de la propiedad. Ya que esta institución es la que permite a los individuos recoger el fruto del propio esfuerzo, incentivando el trabajo que contribuye a la prosperidad de toda la comunidad. Es por eso que sin su protección siempre deviene la decadencia, tal como se puede observar en todos aquellos países en los que las expropiaciones arbitrarias están a la orden del día.

La libertad de precios en las transacciones es otro magnífico ejemplo de incentivos positivos. Si esa libertad no existe, por estar regulados, éstos serán excesivamente bajos cuando el gobernante-regulador quiere favorecer al votante-consumidor, y demasiado altos cuando lo que pretende es conseguir el apoyo de los productores.

En el primer caso se dictan “precios máximos” que desincentivan la oferta, como cuando se fijan topes sobre alquileres. Una actuación que siempre termina en desabastecimiento. En el segundo, se establecen “precios mínimos”, como ha podido ser el caso de algunos productos agrícolas, lo que crea un incentivo a producir en exceso, teniendo que afrontar los costes y la gestión de almacenar los excedentes. Sólo la libertad de precios garantiza que se produzca lo que se consume, sin excesos ni defectos, a los precios más bajos realmente posibles. Una garantía para la prosperidad.

Un ejemplo más, de otro incentivo que conlleva a la generación de riqueza para todos, es el de la libertad de creación de empresas que inicia el proceso de “destrucción creativa”. Cuando ésta existe, no se desaprovecha la oportunidad de ocupar un nicho de mercado que atienda a alguna de las necesidades del público. Mientras que si se regula con el requerimiento de licencias que establezcan cupos o incluso monopolios, como verbigracia ocurre con el caso de las ITV’s se pone en marcha un poderoso incentivo a la ineficiencia que la gente tendrá que pagar en forma de colas, precios elevados y otras incomodidades que dificultan la economía.

Nuestro país es notablemente respetuoso con los derechos mencionados, pero por desgracia el respeto a la propiedad todavía está sensiblemente cercenado por multitud de cambiantes e inseguras normas y tributos. Al igual que no hay temporada en la que algún político demagogo (ahora el Parlament catalán) amenace con precios máximos o mínimos. Y nuestros legisladores, una y otra vez, optan por proteger a los instalados a costa de los que se inician. Además, al mismo tiempo, van mejorando las condiciones de los trabajadores más blindados y con más poder de negociación, en especial, de los empleados públicos.

Si a todo ello añadimos que en España los puestos de mando (diputados, concejales, ministros, directores generales, etc.) se nutren mayoritariamente de funcionarios, o de trabajadores de sectores regulados, no debería extrañar a nadie que cualquier joven mínimamente formado, tenga la ideología que tenga, esté sometido a los incentivos que le lleven a desear formar parte del sector público, o de otro protegido, en vez de optar por la aventura empresarial, aunque sea como empleado.

En cualquier caso, los liberales, funcionarios o no, son aquellos que consideran que las distorsiones en estos incentivos son uno de nuestros principales problemas. Sobre todo, porque el sector público vive de lo que produce el privado.