Lo que costará Ses Fontanelles

Cort ha paralizado definitivamente el proyecto de centro comercial en Ses Fontanelles, cerca de la playa de Palma. Los partidos que forman parte del equipo de gobierno municipal, PSIB, Més y Som Palma, cumplen su programa electoral pues todos ellos se comprometieron a obstaculizar la aparición de grandes superficies y aún más en zonas de alto valor ecológico como es el caso, según defienden las entidades ecologistas.

Lo malo de todo esto es que esta paralización genera dudas en cuanto a su legalidad, pues no se puede olvidar que el anterior equipo de gobierno municipal dio su visto bueno al proyecto. En efecto, los inversores privados presentaron un proyecto que fue aprobado por la Administración sin mayores impedimentos. Los promotores han llevado a cabo una importante inversión y es lógico que recurran a la vía judicial para ser resarcidos de los perjuicios ocasionado,s, como ya han anunciado que harán, con graves acusaciones sobre lo extraordinario del proceso seguido, obviando informes jurídicos del propio Ayuntamiento, según la empresa UNIBAIL RODAMCO. Por tanto, habrá que ver si finalmente esta paralización acaba por costar dinero al Ayuntamiento de Palma, que es lo mismo que decir a todos los palmesanos.

El centro comercial proyectado en Ses Fontanelles era un buen proyecto que no puede ser entendido adecuadamente sin explicar que se buscaba cambiar la Playa de Palma con inversión privada y sin recursos públicos, siempre escasos. Pretendía ayudar a regenerar una zona turística madura y dinamizarla para aumentar la calidad de la oferta turística y comercial, para reconvertirla en un destino de mayor nivel. La inseguridad jurídica da al traste con el proyecto sin que desde Cort se anuncien alternativas para la mejora de la Playa de Palma. La patronal del pequeño y mediano comercio, PIMECO, se felicita por la denegación de Ses Fontanelles, percibido por ellos como una gran amenaza, como se acostumbra a ver toda competencia. Pero el problema de la Playa de Palma sigue ahí, sin que aquellos que tienen la obligación de buscar solución expliquen qué van a hacer, más allá de prohibir.