Ni todo enfermo es un defraudador ni toda baja está bien controlada

Hace unos días escribía en estas páginas sobre cómo una baja laboral puede llegar a enfermar también a una pequeña empresa. Puse el foco en el coste humano y económico que soporta quien tiene que mantener abierto un negocio cuando una ausencia se prolonga y no existe una plantilla amplia que permita reorganizarse. 

Pero aquella reflexión quedaría incompleta si no se dejara algo igual de claro. Ni todo enfermo es un defraudador, ni toda baja médica está bien controlada. 

Una baja médica no es un privilegio. Una persona con cáncer, una lesión grave, una depresión incapacitante o que acaba de someterse a una operación importante debe poder recuperarse sin sentirse perseguida. 

También existen trabajadores que acuden enfermos por miedo a perder su empleo, a cobrar menos o a perjudicar a sus compañeros. Ese presentismo puede agravar su enfermedad y terminar provocando una baja todavía más larga. Pero reconocer esta realidad no obliga a cerrar los ojos ante la otra. 

También existen abusos y casos en los que se utiliza el sistema de forma injusta. Hay procesos que permanecen abiertos durante meses sin suficiente seguimiento. Hay personas que pasan demasiado tiempo sin un diagnóstico claro o sin un tratamiento que les permita avanzar. Y existe un sistema que coloca al médico de familia en una posición casi imposible. 

Cuando hay una fractura, una radiografía puede mostrarla. Cuando se trata de ansiedad, depresión o agotamiento emocional, la valoración es mucho más compleja. 

Eso no significa que la enfermedad sea falsa, sino que resulta más difícil determinar hasta qué punto impide desarrollar un trabajo concreto. El médico de cabecera debe conservar la confianza de su paciente y, al mismo tiempo, decidir si está capacitado para trabajar. 

Si rechaza una baja y el enfermo empeora, asume una enorme responsabilidad. Si la concede, las consecuencias económicas y organizativas recaen sobre el sistema y sobre la empresa. 

Muchas veces, el médico no dispone del tiempo ni de la información necesaria para conocer el puesto de trabajo o las posibilidades reales de adaptación.

El resultado es previsible. El profesional tiene pocos incentivos para exponerse a una discusión, una reclamación o, en el peor de los casos, a que el estado del paciente empeore. 

No debemos culpar al médico por protegerse. Debemos dejar de obligarlo a decidir prácticamente solo. Las bajas de cierta duración deberían ser revisadas por equipos especializados. Esto resulta especialmente necesario en los procesos relacionados con la salud mental. 

En esos equipos deberían participar profesionales de psiquiatría, psicología, medicina del trabajo e inspección médica. No para retirar automáticamente la baja. Se trata de comprobar cuál es el problema clínico, qué limitaciones produce, qué tratamiento se está siguiendo y qué posibilidades existen de continuar trabajando con alguna adaptación. 

Estar triste no es lo mismo que sufrir una depresión. Estar en tratamiento psicológico tampoco significa necesariamente estar incapacitado para cualquier clase de trabajo. Algunas personas necesitarán una baja completa. Otras podrían continuar trabajando menos horas, sin atención al público, desde casa o realizando temporalmente funciones distintas. 

También habrá personas que necesiten tratamiento inmediato, pero no meses de aislamiento y abandono. La enfermedad mental es real. Precisamente por eso debe tratarse con rigor. 

No podemos resolver siempre el problema entregando un papel que manda al paciente a casa y una cita con el especialista para dentro de varios meses. Tratar y adaptar antes de convertir la baja total en la única respuesta 

El caso de Inglaterra ofrece algunas ideas interesantes, aunque conviene explicarlo correctamente. No existe allí una regla general que impida recibir una baja por depresión. Las depresiones graves también pueden justificar una incapacidad completa. 

La diferencia está en que la situación no siempre se plantea como una elección entre trabajar con normalidad o quedarse completamente en casa. El sistema inglés utiliza el denominado fit note. 

El profesional sanitario puede declarar que la persona no se encuentra en condiciones de trabajar. También puede señalar que podría hacerlo si se aplicaran determinados cambios.

Puede recomendar una reincorporación gradual, horarios diferentes, una reducción temporal de funciones, una adaptación del puesto o el trabajo desde casa cuando resulte posible. 

No se trata de obligar a una persona enferma a trabajar. Se trata de abrir una posibilidad intermedia cuando sea segura y esté indicada por un profesional sanitario. 

El NHS dispone de un programa de terapias psicológicas para la ansiedad y la depresión. En muchos casos, el propio paciente puede acceder sin pasar antes por el médico de cabecera. Las terapias pueden ser presenciales, telemáticas, individuales o grupales. 

Dentro de estos servicios existen asesores laborales. Ayudan a las personas a conservar su empleo, afrontar el estrés, hablar con su empresa o regresar al trabajo después de una ausencia. 

La filosofía es importante. Hay que tratar la enfermedad sin dar por hecho que la única respuesta posible es separar completamente a la persona de su trabajo. España debería avanzar en esa dirección. 

Una persona que se rompe un dedo del pie puede no estar en condiciones de permanecer ocho horas de pie en una tienda, pero tal vez pueda realizar tareas administrativas desde casa. Alguien que se recupera de una operación puede no estar preparado para una jornada completa, pero quizá pueda trabajar cuatro horas durante unas semanas. 

Una persona con ansiedad puede necesitar terapia dos tardes por semana, cambios temporales en su horario y una menor exposición al público. Eso no implica necesariamente una baja total. Actualmente funcionamos demasiadas veces con un sistema de todo o nada. O se trabaja al cien por cien, o no se trabaja en absoluto. 

Necesitamos bajas parciales, reincorporaciones progresivas y adaptaciones temporales. Estas medidas deben ser voluntarias, estar indicadas por un médico y poder revisarse cuando cambie el estado del trabajador. 

La empresa no puede imponerlas ni presionar a la persona para que las acepte. Tampoco necesita conocer el diagnóstico. Solo debe conocer las limitaciones que tiene que respetar. 

También debemos reducir las listas de espera. No tiene sentido que una persona permanezca seis meses de baja porque lleva esos mismos seis meses esperando una resonancia, rehabilitación o una consulta especializada.

Las mutuas podrían adelantar pruebas y tratamientos bajo supervisión pública y con garantías. El objetivo debe ser que el trabajador reciba atención y pueda recuperarse antes. Cuando una baja supere los treinta o cuarenta y cinco días, no debería bastar con renovar partes o elaborar informes administrativos. Debería activarse una evaluación especializada y efectiva, especialmente en los procesos complejos o relacionados con la salud mental. 

No para sospechar de todos. Se trata de evitar que una persona quede abandonada durante meses, sin un diagnóstico claro, sin un tratamiento suficiente, sin una previsión de recuperación y sin que nadie estudie si existe una adaptación temporal compatible con su estado. 

Estas medidas permitirían descargar al médico de familia, mejorar la coordinación con las mutuas y facilitar el acceso al tratamiento. Permitirían estudiar cada caso con humanidad y con rigor. 

El debate no puede reducirse a decidir si estamos del lado de los empresarios o del lado de los trabajadores. Debemos estar del lado de quien está enfermo y necesita protección. 

Pero también debemos estar del lado de quien levanta la persiana cada mañana, de quien arriesga su patrimonio y mantiene empleos, de quien pasa noches sin dormir pensando cómo pagará las nóminas y de quien termina llorando porque trabaja para pagar y siente que ya no puede vivir. 

Un buen sistema no abandona a ninguno de los dos. Protege al enfermo, persigue el fraude cuando está probado, trata con rapidez y ayuda a volver al trabajo cuando la persona está preparada. Eso no es insensibilidad. Es justicia y sentido común.