La solicitud de Argelia para repatriar de forma excepcional a siete menores llegados solos en patera a Ibiza pone el foco en una de las problemáticas más complejas que afrontan las Islas Baleares: la llegada constante de menores migrantes no acompañados y la obligación legal de acogerlos y tutelarlos en programas de protección a la infancia.
El fenómeno, que se ha intensificado en los últimos años, ha desbordado por completo la capacidad de los consells insulars y de los servicios sociales, diseñados para atender situaciones puntuales de vulnerabilidad y desprotección, en nada comparables a la presión migratoria sostenida que ya compromete la atención de otros colectivos vulnerables.
Estos menores, que viajan solos y en condiciones extremas, pasan automáticamente a ser responsabilidad de la administración pública, que debe garantizar sus necesidades básicas, además de su seguridad, su educación y su integración. Sin embargo, la realidad es que los recursos humanos y materiales son insuficientes.
El Consell de Formentera, por citar el caso más extremo, tutela actualmente a 127 menores, casi todos migrantes no acompañados. Pero los recursos y las infraestructuras, así como el personal especializado para atenderlos debidamente, escasea.
El caso de los siete menores argelinos demuestra, además, que la cooperación internacional es posible cuando existe voluntad política
El caso de los siete menores argelinos demuestra, además, que la cooperación internacional es posible cuando existe voluntad política. En este episodio, las autoridades argelinas han reclamado su repatriación porque sus familias han solicitado ejercer la patria potestad, y España, a través de la Fiscalía, tramita el procedimiento.
Este gesto contrasta con la habitual pasividad de Argelia en materia de migración irregular. Cuando quiere, Argelia colabora. Lo que falta es convertir esa excepción en norma, con mecanismos estables y ágiles que permitan tanto la prevención en origen como la repatriación segura y respetuosa de los menores.
Baleares no puede seguir gestionando sola una situación que es de Estado
Baleares no puede seguir gestionando sola una situación que es de Estado. Urge una respuesta estructural, con financiación suficiente, coordinación efectiva el Govern y Gobierno central, y acuerdos firmes con los países de origen. La protección de la infancia exige más que buenas intenciones: hacen falta protocolos adecuados y voluntad política para cumplirlos, en beneficio de los menores afectados.
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