El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en uno de los símbolos del malestar agrario que ha vuelto a verse en las calles. En Baleares, ese rechazo se ha expresado con tractoradas en Mallorca y una concentración de agricultores y ganaderos en Menorca, en paralelo a otras movilizaciones en la Península.
Detrás del ruido hay dos planos que conviene separar. El primero es el propio pacto: qué concede la UE, qué abre Mercosur y cómo se pretende “blindar” a los sectores sensibles. El segundo es más territorial: por qué el campo balear —marcado por la insularidad y la escala— entiende que el impacto puede ser mayor, especialmente si se combina con incertidumbre sobre la futura PAC.
Mercosur agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo UE-Mercosur, aún pendiente de ratificación, contiene un pilar comercial que reduce aranceles y fija reglas para el intercambio. Para el Gobierno español, en agroalimentación supone la apertura de un mercado relevante para sectores exportadores; a cambio, la UE liberaliza parte de sus importaciones, pero reserva contingentes arancelarios para los productos “más sensibles”.
En el plano institucional europeo, el proceso ha entrado en un terreno más delicado: el Parlamento Europeo ha pedido un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados, un movimiento que puede condicionar ritmos y arquitectura jurídica.
La Comisión Europea defiende que el pacto crea oportunidades para exportadores europeos, y ofrece cifras para sostenerlo: las exportaciones agroalimentarias de la UE a Mercosur ascendieron a 3.300 millones de euros en 2024, con partidas destacadas como aceite de oliva, vino o chocolates, según su ficha informativa.
La parte más controvertida llega con las importaciones hacia la UE de productos en los que Mercosur es muy competitivo. Bruselas sostiene que el acceso adicional será “muy limitado” y se canalizará mediante cupos y aranceles reducidos, además de una salvaguardia bilateral.
Estas son algunas de las magnitudes que la Comisión sitúa en el centro del debate:
.Vacuno: cupo de 99.000 toneladas con un arancel del 7,5% (no es acceso totalmente libre) y reparto por tipo de carne, según el documento comunitario.
.Aves: cuota de 180.000 toneladas duty-free, con implantación gradual en cinco años.
.Etanol: 450.000 toneladas libres de arancel para uso químico y 200.000 toneladas con arancel reducido (un tercio del pleno) para otros usos; también a cinco años.
.Miel: cuota de 45.000 toneladas duty-free (cinco años).
.Arroz: 60.000 toneladas duty-free (cinco años).
.Azúcar: la Comisión señala que no se crea una nueva cuota para Brasil y que se articula, principalmente, a través de contingentes ya existentes; además, se contempla una cuota adicional para Paraguay.
Dicho de otro modo: el acuerdo no elimina sin más el “muro” arancelario, sino que lo reordena con cupos (volúmenes máximos) y con un sistema de reacción si la entrada de producto presiona el mercado.
En paralelo, la UE ha avanzado —al menos en el plano normativo— en herramientas para activar esas defensas con mayor rapidez. El Consejo de la UE comunicó en diciembre de 2025 un acuerdo con el Parlamento para fijar normas de salvaguardia del sector agroalimentario en el contexto UE-Mercosur, con procedimientos más ágiles para suspender temporalmente preferencias si hay daño a productores europeos.
Aun con cupos, el conflicto no es solo de cantidades. Los agricultores llevan meses poniendo el foco en el coste de cumplir exigencias europeas (fitosanitarias, ambientales, laborales o de bienestar animal) y en la percepción de que los acuerdos comerciales permiten competir con producciones sujetas a reglas distintas. Ese argumento aparece también en las crónicas de las tractoradas y concentraciones en distintos puntos de España.
La Comisión insiste en que “la salud de la UE no es negociable” y que cualquier producto vendido en el mercado europeo debe respetar los estándares comunitarios. El debate, en la práctica, se desplaza a la intensidad de los controles, la trazabilidad y la capacidad real de reacción cuando un sector se siente amenazado.
En Baleares, el rechazo a Mercosur se entrelaza con otras reivindicaciones: costes de producción, burocracia y temor a recortes en la PAC futura. En Mallorca, Unió de Pagesos y APAEMA convocaron una marcha que, según la Cadena SER, partió de Son Fusteret y recorrió puntos simbólicos del sector —incluida una parada ante la central lechera AGAMA— antes de finalizar en Mercapalma.
Dos tractoradas distintas en la isla dentro de una movilización nacional, con el acuerdo UE-Mercosur y la PAC como ejes del mensaje. En Menorca, un centenar de payeses se concentró en Es Mercadal alertando de una “situación límite” y reclamando, entre otras medidas, compensaciones por la doble insularidad y menos trámites administrativos.
La clave balear está en el diferencial de costes. La insularidad eleva logística e insumos, reduce economías de escala y estrecha márgenes en explotaciones pequeñas o medianas. En ese contexto, incluso un impacto indirecto —más presión en precios de referencia o mayor poder de negociación de intermediarios— se percibe como una amenaza. Por eso el mensaje insiste en dos conceptos: “precios justos” y “competencia en igualdad de condiciones”.
España tiene, a la vez, sectores que ven oportunidades y sectores que temen competencia. El Ministerio de Economía subraya la apertura arancelaria de Mercosur para una parte muy amplia de las exportaciones agroalimentarias europeas y españolas; y al mismo tiempo reconoce que, en sentido inverso, la UE mantiene límites para los productos sensibles mediante contingentes.
El resultado final dependerá menos de los titulares y más de la aplicación concreta: cómo se reparten cuotas, qué controles se refuerzan y con qué rapidez se activan salvaguardias si un mercado se desestabiliza.
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