La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados, que son pareja, cinco años y medio de prisión por un presunto delito de estafa y otro de falsedad documental.
El Ministerio Público también reclama que ambos devuelvan los 7.196 euros que, presuntamente, percibieron de forma irregular en sus nóminas.
Además, solicita multas de 7.200 euros para cada acusado y seis años de inhabilitación para ejercer funciones sanitarias.
Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre enero y octubre de 2023.
Ambos trabajaban como interinos en un centro de salud de Mallorca, ella como médica de familia y él como celador.
La Fiscalía sostiene que introdujeron datos falsos en el sistema informático del IBSalut para reflejar un número de pacientes atendidos superior al real.
El objetivo, siempre según la acusación, era que la facultativa pudiera percibir distintos complementos salariales.
El fiscal atribuye al celador la anotación en la agenda informática de pacientes que figuraban como atendidos pese a no haber acudido a consulta.
Estas anotaciones habrían permitido incrementar de forma ficticia la actividad asistencial registrada y obtener un beneficio económico indebido, según la acusación.
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