Imagen de archivo de menores migrantes no acompañados atendidos por Cruz Roja.
El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, aprobado recientemente por el Ejecutivo central y que contempla el traslado forzoso de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas.
El portavoz del gabinete autonómico, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa que este recurso se plantea después que el Congreso de los Diputados ratificase este jueves dicha normativa, la cual establece medidas urgentes para la protección de la infancia y adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias.
A juicio del ejecutivo balear, el decreto del Gobierno central "recorta competencias autonómicas y afecta a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, sin que el Estado se haga cargo de los gastos", al imponer "un reparto unilateral de menores extranjeros no acompañados".
Para el Govern, la normativa "vulnera competencias autonómicas" y "contraviene principios constitucionales esenciales" de cooperación, coordinación y lealtad institucional".
En concreto, esta norma modifica la Ley orgánica 4/2000 sobre derechos de los extranjeros en España e impone un sistema de redistribución de menores sin consenso previo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. "Se trata de una imposición unilateral por parte del Estado", ha referido el vicepresidente de Baleares.
El decreto limita la cobertura económica a los casos en que se produzca una "sobrecarga" del sistema autonómico de protección, con compensaciones supeditadas a que se supere una determinada media estatal de plazas por cada 100.000 habitantes. "Esto afecta directamente al principio de suficiencia financiera de las comunidades autónomas", subrayan desde el Govern.
Asimismo, el Govern pone en duda la justificación de urgencia que habilita la utilización del decreto ley. "El fenómeno migratorio no puede calificarse de extraordinario, sino que responde a una situación estructural y no coyuntural, conocida desde hace años, tal como se reconoce en los propios datos oficiales y en la exposición de motivos del decreto", explican en una nota de prensa.
Cabe recordar que la líder del PP balear, Marga Prohens, ha reiterado en los últimos meses que el archipiélago "no puede acoger menores inmigrantes de otras regiones porque sus servicios sociales ya están sobresaturados con los niños llegados sin compañía a las costas de las islas".
Precisamente el 31 de marzo, Baleares informó al Gobierno de que los consells insulars, competentes en la asistencia a menores vulnerables, atienden actualmente a 573 niños y adolescentes inmigrantes no acompañados, una cantidad que representa diez veces la capacidad inicialmente prevista.
De acuerdo con los últimos datos hechos públicos por la Conselleria de Famílies i Afers Socials, las plazas previstas para la atención al colectivo de menores inmigrantes no acompañados eran 56, por lo que la demanda real supera la dotación inicial en un 923 por ciento.
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