El Govern, que había hecho uso de los tradicionales mecanismos publicitarios (convocatoria a los medios, rueda de prensa, carteles anunciadores) para lanzar la oficina de Consumo en el aeropuerto de Son Sant Joan, ha abandonado su iniciativa con toda la discreción que le ha permitido la prensa, o sea ninguna. La oficina de Consumo en el aeropuerto, como puede colegir cualquier ciudadano, era una tontería que sólo se le puede ocurrir a alguien con escasas luces, cosa tan frecuente en el Govern que es casi la norma. Una oficina de Consumo es un servicio en el que el ciudadano hace llegar sus quejas por un servicio que considera que no le han prestado adecuadamente. ¿Qué es lo único importante de esa oficina? Que funcione, que atienda las demandas sin volver loco al ciudadano con un montón de copias y testimonios y firmas y, sobre todo, que las resuelva. Abrir una oficina en el aeropuerto, porque supuestamente allí se producen más carencias en la atención, es como que en cada supermercado, o en la furgoneta del electricista o fontanero hubiera un funcionario del Govern para atender nuestra hipotética queja. Una bobada. Si nos atienden mal, tomaremos la documentación adecuada y la presentaremos cuando podamos, ante la oficina de Consumo. Incluso, si no estuviéramos en un entorno tan mediocre, lo podríamos hacer por Internet (una tecnología muy avanzada que es desconocida en Consumo que aún funciona con papeles triplicados). El cierre de la oficina en el aeropuerto a cinco meses de las elecciones en realidad no sólo significa reconocer que la iniciativa fue un error, sino que es otra confirmación del nivel de mediocridad que rodea a Francesc Antich: cualquiera un poco avispado habría mantenido el servicio hasta las elecciones para, al menos, ahorrarle esta crítica fundada en sus propios hechos. Pero, ni eso.
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