El periódico La Gaceta publica en su edición de hoy, jueves, una sorprendente noticia que puede tener mucha trascendencia: la familia del propio presidente del Gobierno habría tenido contratada de forma ilegal, sin alta en la Seguridad Social, a Isabel Laranjeira, una portuguesa de 48 años, que ejercía como empleada de hogar. La mujer trabajaba más de 80 horas mensuales, por lo que tenía que haber sido dada de alta. Sin embargo, cobraba en negro y nada menos que del presidente del Gobierno. Si esta noticia fuera absolutamente cierta, cosa que conoceremos en las próximas horas, estaríamos ante un escándalo al menos moral: ¿cómo se pueden defender políticas de protección de la mujer, cómo se puede ir por la vida como abanderado de la igualdad, y a la vez hacer algo así? La reprobación que merecen actos de hipocresía de este nivel no tiene límites: actitudes de esta naturaleza desacreditan al Estado, a quienes pregonan la igualdad y a los que pretenden hacernos creer que son ajenos a nuestras coordenadas culturales para reivindicar su superioridad.
