El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que obliga al Gobierno a revisar en un plazo máximo de seis meses las cuantías del plus de insularidad del personal público estatal destinado en las Islas Baleares.
El objetivo es adaptar esta compensación económica al actual coste de la vida en el archipiélago. La medida busca, además, facilitar la cobertura de plazas en los servicios públicos, uno de los principales problemas que arrastra la Administración en Balears desde hace años.
El texto ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, mientras que Junts y el PP han optado por la abstención.
El Real Decreto-ley no solo afecta al complemento de residencia. También regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, ampliando el paquete de medidas dirigidas a los empleados del sector público.
Según recoge la norma, el Ejecutivo deberá revisar las cuantías previa negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. Esta revisión desembocará en una modificación que actualice los importes a la situación económica actual de las islas.
Un aspecto queda blindado desde el primer momento: la actualización no podrá suponer una reducción de las cantidades que ya perciben los empleados públicos por este concepto.
El Gobierno justifica esta reforma en el desajuste que existe entre el coste real de residir en Baleares y la compensación económica vigente hasta ahora. Una brecha que, según el propio decreto, dificulta atraer y retener personal en la Administración General del Estado.
El texto legal es explícito sobre las causas de este problema: la insularidad, el elevado coste de la vivienda y de los bienes y servicios, además de las dificultades de movilidad, condicionan la capacidad de las administraciones para cubrir plazas.
La situación se agrava especialmente en sectores con alta rotación o que exigen una cualificación específica, donde la falta de atractivo económico se traduce en dificultades para estabilizar plantillas.
Durante el debate parlamentario, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la actualización del complemento de residencia como una medida "urgente". El ministro ha alertado de que la Administración General del Estado sigue perdiendo capacidad para cubrir plazas en Baleares por el elevado coste de la vida en las islas.
Frente a esta posición, el PP ha cuestionado que el Gobierno recurra a un decreto-ley para regular cuestiones de función pública. Los populares han reclamado una reforma integral y negociada del sistema, y han dirigido parte de sus críticas a la gestión del Ejecutivo en esta materia.
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