Cort inicia la vía judicial para desalojar a unos 80 okupas de la antigua cárcel

Así lo ha confirmado la portavoz municipal y regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado un nuevo paso para recuperar la posesión del inmueble, que llegó a albergar a más de 200 personas. Celeste ha explicado que el Ayuntamiento ha acordado “elevar ahora el expediente” a los servicios jurídicos municipales con el objetivo de obtener “la correspondiente orden de desalojo” por parte de los juzgados.

Cabe recordar que a principios de mayo, el Consistorio palmesano notificó presencialmente a 101 personas que debían abandonar la antigua cárcel y les concedió un plazo de cinco días para marcharse voluntariamente. Además, otras 107 personas incluidas en un censo previo fueron requeridas a través del BOE, después de que no fuera posible localizarlas personalmente.

"NO CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDOS"

La representante municipal ha aseverado que corporación local está "abierta" a seguir con los trabajos de acompañamiento de las personas que permanecen en antiguo recinto penitenciario, aunque inicialmente ha apuntado que estas personas "no cumplen con los requisitos" para ser atendidos por o bien no estar empadronadas en Palma, o bien porque están en situación administrativa irregular.

También se ha referido a la polémica con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que afirmó la semana pasada que aunque había puesto a disposición de Cort recursos para ayudar a los ocupantes de la antigua cárcel todavía no había recibido respuesta, algo que la portavoz del gobierno local ha asegurado que "no se corresponde con la realidad".

LOS TIEMPOS, EN MANOS DE LA JUSTICIA

Sobre cuánto tardará en desalojarse el edificio, ha asegurado que el Ayuntamiento no puede "prever de ninguna manera" los tiempos, puesto que, una vez en manos de la justicia, ya no dependerá de Cort. No obstante, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá ofreciendo acompañamiento voluntario a los residentes puesto que el expediente de recuperación no está reñido con facilitar vías de ayuda social a las personas que se encuentran instaladas en el recinto.

En cuanto a si los servicios sociales han orientado a algunas personas de la antigua cárcel hacia la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ha señalado que lo desconoce. Finalmente, la portavoz municipal ha aseverado que la Junta de Govern ha remitido el expediente a los servicios jurídicos para que presenten la reclamación judicial necesaria y se pueda recuperar definitivamente la posesión del recinto.