"Más de un centenar de personas han abandonado de forma voluntaria la antigua cárcel de Palma" antes de que haya concluido el plazo para desalojar el inmueble. Así lo ha explicado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de recuperación posesoria del edificio, donde el Ayuntamiento tiene previsto "construir una rotonda".
El último censo realizado por la Policía Local registraba 208 residentes —con un máximo de 226 contabilizados en algún momento— y en la actualidad permanecen en el recinto 101 personas, lo que significa que 107 han abandonado el inmueble por sus propios medios.
Según ha explicado el alcalde, muchos de ellos "se han trasladado a la Península", "han encontrado empleo" o "han ingresado en un centro penitenciario". Otros 45 han sido derivados al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Martínez ha subrayado que en ningún caso se ha detectado que las personas que han salido de la prisión se hayan incorporado a asentamientos informales ya existentes en la ciudad. "Que yo tenga constancia no se ha identificado nada extraordinario en ninguno de los asentamientos", ha afirmado.
SITUACIÓN IRREGULAR, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO
El grueso de quienes permanecen en la antigua cárcel se encuentra en situación administrativa irregular, lo que les ha impedido acceder a los recursos ofrecidos por los servicios sociales municipales e insulares. El alcalde ha apuntado, no obstante, que el proceso de regularización en marcha podría abrirles una vía de acceso a esas ayudas. "Si esta era la cuestión que les impedía el acceso a recursos sociales, se les abrirá una ventana", ha señalado.
CINCO DÍAS PARA MARCHARSE ANTES DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL
El proceso de desalojo continúa. El Ayuntamiento ha notificado a las 101 personas que siguen en el inmueble y estas disponen desde este mismo lunes de cinco días hábiles para abandonarlo. En cuanto a las 107 que ya se da por hecho que han marchado, los agentes no han conseguido notificarlas de forma presencial tras dos intentos fallidos, por lo que el consistorio publicará próximamente la comunicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo un nuevo plazo de cinco días.
Si al término de todos estos trámites aún quedaran residentes en el inmueble, el Ayuntamiento solicitará una orden judicial para que las fuerzas y cuerpos de seguridad ejecuten el desalojo.
