La noche del viernes pasado, en un operativo sorpresa, agentes del Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional desmantelaron un sofisticado casino móvil ilegal en las proximidades del paseo marítimo de Palma. La acción policial, respaldada por unidades de Seguridad Ciudadana, puso fin a una estructura estable que se desplazaba por toda la isla, organizando juegos y apuestas sin contar con las autorizaciones correspondientes. Ahora, los creadores de este casino se enfrentan a una multa que puede ascender hasta los 450.000 euros. Desde mediados del año 2023, las autoridades habían estado siguiendo los movimientos de una pareja de origen europeo, presuntamente relacionada con el mundo del juego ilegal. Esta pareja, cuyos nombres no han sido revelados, utilizaba medios electrónicos e internet para promocionar sus actividades. Además, se valían de carteles publicitarios en establecimientos de hostelería para atraer a jugadores hacia eventos exclusivos de casino, sin contar con la aprobación requerida por las autoridades competentes.
Tras meses de investigación, se confirmó que se trataba de un grupo organizado que operaba sin las debidas autorizaciones administrativas. Los agentes realizaron diversas diligencias para identificar a los responsables y, finalmente, el pasado viernes, llevaron a cabo el operativo que culminó con la desarticulación del casino móvil ilegal.
En el local intervenido, se encontraron diez personas, entre ellas la presunta organizadora y su pareja, tres croupiers y cinco jugadores. Los agentes incautaron material utilizado para los juegos, como mesas de poker, blackjack, ruleta y dados, así como máquinas tragamonedas. También se confiscaron más de 1.300 fichas con valores entre 5 y 10.000 euros, carteles publicitarios y panfletos promocionales del evento.
Los organizadores del casino móvil y el propietario del establecimiento no pudieron presentar ningún contrato que respaldara la legalidad de la actividad. A pesar de los requerimientos policiales, no pudieron proporcionar la autorización administrativa necesaria.
Las consecuencias legales para los implicados podrían ser severas. Según lo establecido en la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, la organización, gestión o explotación de juegos y apuestas sin las autorizaciones correspondientes constituye una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre los 30.001 y los 450.000 euros. Por otro lado, la participación en juegos o apuestas no autorizados puede acarrear multas de 3.001 a 30.000 euros.
El caso ahora está en manos del órgano sancionador del Govern Balear, que deberá tomar medidas adicionales conforme a la ley.
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