El alquiler turístico agrava la presión sobre la vivienda y transforma los barrios

El auge de las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, está incrementando la presión sobre el mercado de la vivienda y alterando profundamente la vida en los barrios residenciales, según un documento de trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El informe, basado en la revisión de 429 estudios internacionales, concluye que el impacto más claro y documentado se concentra en la vivienda: la expansión de estos alojamientos reduce la oferta destinada al alquiler residencial de larga duración y eleva los precios de compra y arrendamiento. El efecto golpea especialmente a los inquilinos, mientras que los principales beneficiarios son los propietarios y los anfitriones profesionales, que capitalizan las rentas turísticas esperadas.

En paralelo, Fedea reconoce que estos alquileres redistribuyen el gasto turístico hacia zonas tradicionalmente no hoteleras, impulsando la actividad económica en restaurantes, ocio y servicios de consumo. También fomentan inversiones en reformas y renovación tanto de viviendas como de locales comerciales, especialmente en áreas con baja intensidad comercial previa.

EFECTOS SECUNDARIOS

Sin embargo, este dinamismo económico viene acompañado de efectos secundarios que cambian la estructura urbana y la convivencia vecinal. En los barrios con alta concentración de pisos turísticos proliferan negocios orientados al visitante en detrimento del comercio de proximidad, aumenta la rotación de residentes y se intensifican problemas como el ruido, la congestión y la pérdida de calidad de vida. El informe advierte además de procesos de desplazamiento y “turistificación” del comercio.

El documento también analiza el impacto sobre el sector hotelero, donde los alquileres turísticos intensifican la competencia y presionan a la baja los precios, sobre todo en los segmentos de menor categoría, obligando a los hoteles a ajustar su oferta y estrategias.

Ante este escenario, Fedea subraya que los gobiernos han desplegado respuestas muy diversas, desde prohibiciones y cupos hasta licencias, registros obligatorios e intercambio de datos. No obstante, advierte de que la investigación académica aún no permite evaluar de forma global qué regulación es más eficaz para equilibrar los beneficios económicos con los costes sociales y las externalidades que se generan en los barrios.