El Consell de Mallorca actúa en el juicio de Can Domenge en calidad de acusación particular como perjudicado por la enajenación de la finca. Ello significa que su objetivo es recuperar la cantidad de dinero presuntamente defraudada con la venta.
La responsabilidad civil la ha situado ahora en 15 millones de euros al entender que un precio idóneo de venta de Can Domenge hubiera sido de 45 millones de euros de acuerdo con lo declarado por algunos testigos.
El abogado civilista Miquel Coca, quien defiende los intereses del Consell de Mallorca a pesar que la institución tiene servicios jurídicos propios, ha admitido durante su turno de conclusiones finales que Can Domenge no era un solar y que por tanto hay que tomar en consideración que urbanizarlo conllevaba gastos de dotación de servicios.
