El Govern afirma que el 74 por ciento del agua subterránea de Balears está en riesgo

Un 26,4 por ciento de las masas de agua subterránea de Baleares se considera sin riesgo y el resto está en situación de riesgo o bien de no poder cumplir las condiciones de calidad que marca la Directiva Europea del Agua en los plazos fijados hasta 2027 o incluso hasta 2033 por su dificultad para recuperarse. El dato lo ha facilitado hoy el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, en una rueda de prensa en la que ha presentado la revisión el Plan Hidrológico de Baleares 2015-21, que incluye una batería de medidas para mejorar la situación y la gestión del agua.

Vidal ha asegurado que "la realidad física" que reflejan los datos ha impulsado la necesidad de "rehacer un plan hidrológico mal hecho por los anteriores gestores".

El conseller ha anunciado que el Consell de Govern aprobará mañana elevar esta revisión anticipada del Plan Hidrológico de Baleares al Consejo Nacional del Agua, que a su vez lo remitirá al Consejo de Ministros y que se adapta a la normativa europea. Ha recordado que la UE abrió un expediente piloto a Baleares porque en el anterior plan "no se había realizado un análisis correcto de los riesgos y costes ambientales y económicos".

Sobre los datos de la situación de los acuíferos, Vidal ha señalado que las masas sin riesgo eran un 46,6 % en 2015 y son un 26,4 % en 2017, datos que reflejan una tendencia negativa que requería actuar.

Un 5,7 % de los acuíferos son los que están en peor situación, porcentaje que en 2013 era del 3,3 %. Entre esas zonas con una recuperación más lenta y difícil hay áreas en Sa Pobla, con elevados nitratos, y al sur en Campos y Ses Salines por salinización.

En cuanto a la demanda de agua, el 56,8 % del consumo en Baleares es para abastecimiento urbano, un 16,5 % para uso agrícola, el 15 % por parte de viviendas aisladas, el 4,2 % para campos de golf, el 4,1 % para el riego de parques y jardines y el 3,3 % de la demanda procede del sector industrial.

Vidal ha destacado el aumento del uso por parte de las viviendas aisladas, lo que se conoce como diseminado.

Entre las medidas que fija el plan, se recupera la exigencia de una cédula de habitabilidad para poder solicitar abrir un pozo en suelo rústico, algo que eliminó el plan anterior, lo que generó un incremento exponencial de las solicitudes hasta 2.000 anuales, ha explicado la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau.

Con el nuevo plan se prevé aplicar 344 medidas de gestión y se calculan inversiones de más de 1.000 millones de euros por parte de las administraciones sobre todo y también de particulares hasta 2021, que son unos 100 millones más de lo previsto anteriormente. Garau ha detallado que el grueso de la subida ha sido por incorporar el canon de saneamiento como medida de gestión y se destinará a saneamiento.

El 59 % de la inversión la realiza la Agencia Balear del Agua (Abaqua), el 26 % ayuntamientos, el 7 % el ministerio y la administración estatal, un 5 % otros organismos del Govern y un 3 % particulares.

También se prohíbe la autorización de concesiones en masas de agua sobreexplotadas (las que tienen más salidas que entradas), salvo las concesiones de hasta 10.000 metros cúbicos anuales para explotaciones agrarias preferentes, una decisión que ya estaba en aplicación como medida cautelar desde agosto de 2017.

Se fija que los núcleos con capacidad de conexión a red en alta (que incluye el agua desalada), tienen la obligación de conectarse si el abastecimiento de uso urbano que ofrecen no cumple mínimos sanitarios; y también se prohíbe hacer pozos para extracción de agua salobre para evitar la intrusión salina.

El plan prohíbe los sondeos de agua marina a distancias superiores a 100 metros, y las nuevas explotaciones de agua dulce a 800 metros de la línea de costa en Mallorca y a 500 metros en el resto, salvo si la masa no está conectada con el mar.

Entre las medidas de gestión de la demanda, se establece la gestión de pluviales, se aumenta el control de las redes y pérdidas, y se establece política de precios para promover el uso de agua de desalada (bajando el coste en invierno) para propiciar la conservación de los acuíferos.

"Las desaladoras han de pasar de ser una solución de emergencia a una solución de gestión ambiental de los acuíferos", ha defendido Vidal.

En el plan, por primera vez se delimitan la zonas húmedas en un catálogo y se recuperan las zonas húmedas potenciales. Se crean nuevas figuras de protección: las reservas fluviales, algunos torrentes que servirán como indicadores del cambio climático, como los del canó des Guix, el torren de Ternelles o el de Matzoc en el pla de Mallorca.

Además habrá reserva de recursos por parte de la administración con fines ambientales, como que los excedentes de la masa de las fuentes Ufanes se reserva para asegurar que llega a la Albufera. "Hemos de proteger el dominio público hidráulico, las masas de agua y las zonas más sensibles como son las zonas húmedas", ha señalado en conseller.