Hay quien cree que internet y las redes sociales le procuran impunidad y le permiten soltar cualquier barbaridad que se le pase por la cabeza. Nada más lejos de la realidad. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno, y tiene sus límites establecidos en las leyes.
El Código Penal castiga el delito de injurias y el de calumnias, independiente de que se cometan en persona o por internet, donde la inmediatez hace que algunos, dejándose llevar por sus impulsos y sin pensar lo que se hace, cometan excesos verbales que la ley castiga si media denuncia del ofendido.
Es el caso de un joven detenido ayer por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tras poner un comentario en Twitter donde insultaba gravemente al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, además de desearle que pongan "una bomba en su partido y mueran todos". Un dirigente del Partido Popular formuló la pertinente denuncia y la Policía ha actuado.
Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han supuesto una revolución en el mundo actual. Sin embargo y pese a la impersonalidad que con frecuencia caracteriza a las relaciones a través de las redes sociales y el aparente -y ficticio- anonimato, es imprescindible que los usuarios sean educados y respetuosos con la opinión de los demás, como en cualquier otro ámbito. Cuando alguien se extralimita en sus expresiones, como es el caso, la Justicia debe actuar y el autor debe ser castigado de forma proporcional a la gravedad de sus excesos. Internet y las redes sociales no son un territorio de impunidad cuando se vulnera la Ley, como nos ha recordado la Policía tras su acertada actuación de ayer.
