En la entrevista publicada este fin de semana, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, arrojaba una afirmación cuyo barniz de solidaridad no logra tapar su disonancia: Baleares -decía el delgado- “podría necesitar dentro de unos meses o un año” que otras comunidades acudan en su auxilio, pese a que ahora rechaza acoger a 49 menores migrantes procedentes de Canarias. Este discurso, que oscila entre el amago de amenaza y la petición de apoyo, trastoca la lógica política y expone el profundo desdén del Ejecutivo central por las circunstancias reales de las islas.
El flujo de llegadas de migrantes a suelo balear por la llamada “ruta argelina” se ha disparado: en lo que va de año, las pateras han triplicado las cifras registradas en 2024. Sin embargo, invocar una solución “estructural” sin respetar las competencias autonómicas -y sin resolver la clara insuficiencia de recursos- revela un profundo salto político: ¿solidaridad impuesta o reparto desleal?
La realidad pone de manifiesto que los centros insulares ya operan al límite. La acogida de menores no acompañados alcanza actualmente los 573, lo que equivale a un 1.023 por ciento de ocupación sobre la capacidad prevista. Un dato que, lejos de interpretaciones, evidencia una crisis tangible que exige respuestas urgentes y reales. Ni discursos huecos ni repartos sin consenso.
Si verdaderamente primara la protección de los migrantes menores no acompañados, la colaboración debería sustentarse en dotaciones adecuadas, diálogo efectivo y una coordinación real de los recursos
El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite el recurso del Govern contra este reparto estatal, lo que significa un reconocimiento explícito del conflicto competencial y la falta de diálogo previo. No se trata sólo de un desacuerdo técnico, sino de una disputa constitucional encuadrada en competencias y modelos de aplicación jurisdiccional.
El reparto impuesto que defiende Rodríguez Badal ahoga el respeto institucional y pisotea las competencias autonómicas. Si verdaderamente primara la protección de los migrantes menores no acompañados, la colaboración debería sustentarse en dotaciones adecuadas, diálogo efectivo y una coordinación real de los recursos. La posición del delegado del Gobierno carece de justificación política cuando insinúa que Baleares “quizá” termine pidiendo ayuda, mientras se ignoran sus razones y se retiene la financiación prometida.
No es tanto una cuestión de solidaridad, como de pura responsabilidad pública. Y la obligación del Gobierno central no está en imponer cuotas, sino en garantizar recursos y consensos para afrontar una crisis humanitaria con rigor y sensibilidad política.
Un comentario
De la derrota del PSOE en Baleares Sánchez rescata a Francina y a Rodríguez Badal, porqué? Lo que más escandaliza es que los menores no sean devueltos a sus padres, salvo que estos hayan huido por malos tratos, en cuyo caso habría que recoger denuncia del menor y trasladarla a su país para que actúen contra esos padres y prohibir la entrada de esos padres en España. Se me ocurren otras medidas para los mayores, principalmente ponerlos a trabajar bajo vigilancia para que paguen todos los gastos que ocasionan y una pequeña cuota a la seguridad social. Que me enredo, así como estamos ahora esto solamente puede ir a más y Rodríguez no tiene intención de solucionar nada.