Llucmajor estudia cómo recortar "el impacto" de la revisión catastral para los vecinos

El Ayuntamiento de Llucmajor ha informado este miércoles de que está estudiando cómo reducir para los vecinos "el impacto económico y social" de la revisión catastral impulsada en 2017, ya que "por imperativo legal" los residentes afectados por la revalorización deben abonar la cuantía que se les demanda.

"El nuevo equipo de gobierno está realizando diversas gestiones para confirmar las actuaciones legales disponibles", como "aumentar el plazo límite para realizar el pago", ha indicado el consistorio en un comunicado.

El nuevo equipo de gobierno ha reconocido "la gran inconveniencia que supone" el pago de cuatro recibos del IBI -para los años 2014, 2015, 2016 y 2017- de forma simultánea, "en especial a las familias más necesitadas". Sin embargo, ha apuntado que el gobierno municipal "aún no se ha constituido oficialmente", sino que "se encuentra inmerso en la estructuración de los equipos de trabajo" y ello "limita, de forma temporal, las actuaciones que puede llevar a cabo".

El nuevo equipo de gobierno, con el 'popular' Eric Jareño como alcalde, cuenta con PP, Cs, Llibertat Llucmajor y ASI. La constitución de los ayuntamientos tuvo lugar el pasado sábado.

El municipio ha explicado que la anterior revisión catastral databa de 2008, por lo que a lo largo de los últimos 11 años, los recibos del IBI se hacían sobre un valor catastral desactualizado. En 2017, el Ayuntamiento solicitó al catastro que se revisara el valor, y este proceso se completó en 2018.

El catastro determinó que el valor de los bienes inmuebles del municipio había aumentado, y el presupuesto para 2019, aprobado en febrero, cuenta con esos ingresos para el ejercicio. Los vecinos deben abonar la diferencia entre el valor que pagaron entre 2014 y 2017 y el nuevo valor determinado por el catastro.