Foto: J. Fernández Ortega
Antes de arrancar la entrevista, Del Valle insiste en que es necesario “explicar de dónde venimos” para entender por qué el debate ha llegado hasta aquí. El origen está en 2018, con la aprobación del conocido como 'decreto Ábalos', que mantiene las licencias VTC como autorizaciones nacionales pero permite a las comunidades autónomas decidir “cómo y en qué condiciones” se presta el servicio en su territorio. A este marco se suma una sentencia europea de junio de 2023 que cuestiona el famoso ratio 1/30 —una VTC por cada 30 taxis— y pone en entredicho la posibilidad de limitar el número de licencias como se hacía hasta entonces, también en Baleares.
El resultado es el escenario que se encuentra el actual Govern al llegar en julio de 2023: más de 10.000 solicitudes de licencias VTC pendientes en un archipiélago que cuenta con unas 750 autorizaciones VTC y cerca de 3.300 taxis. “Para un territorio insular, limitado y protegido como el nuestro, eso es una auténtica avalancha”, advierte la directora general. Con este contexto, Del Valle aborda en la entrevista las claves del momento actual: el futuro de la moratoria, el nuevo reglamento del sector, las observaciones del Consell Consultiu y el impacto de las últimas resoluciones judiciales, con un objetivo claro: “poner orden, dar seguridad jurídica y rebajar la crispación”.
La moratoria de nuevas licencias VTC expira el 22 de febrero. ¿Puede el Govern garantizar que no se concederán nuevas licencias a partir de esa fecha?
Lo que podemos garantizar es que en estos dos años de legislatura se ha hecho todo lo necesario para que en Baleares haya las licencias que el territorio puede asumir. No solo desde el punto de vista de la movilidad, sino también desde criterios medioambientales y de gestión del tráfico.
Antes de que entre en vigor el nuevo reglamento, lo que hay es una suspensión de la tramitación de licencias. Ahora mismo no se están tramitando nuevas autorizaciones.
Pero existen cerca de 10.000 solicitudes pendientes. ¿Cómo se evita una avalancha en este periodo transitorio?
Con los mecanismos que nos da la legislación que hemos aprobado. La Ley del Taxi y las VTC de febrero de 2024 y el reglamento que estamos ultimando.
Es evidente que, si esta regulación se hubiera hecho justo después del decreto Ábalos de 2018, hoy tendríamos más herramientas. Muchas solicitudes entraron en 2023, cuando todavía no existía este marco normativo. Aun así, creemos que el trabajo legislativo realizado nos da margen legal suficiente para gestionarlas.
¿En qué punto está ahora el nuevo reglamento del taxi y las VTC?
Está en su último trámite: el dictamen del Consell Consultiu. Es un dictamen muy importante porque valida la competencia del Govern para desarrollar este reglamento, algo nada menor en una materia con fronteras competenciales complejas entre administraciones.
Ahora estamos analizando las observaciones del Consell Consultiu con los técnicos para introducir los ajustes necesarios antes de llevar el texto a aprobación del Consell de Govern. Nuestro calendario sigue siendo aprobarlo antes de que finalice la moratoria, a finales de febrero.
¿El reglamento fijará un techo máximo conjunto de taxis y VTC por isla?
Hay que aclarar que un reglamento no es una ley. Si ese techo debe fijarse con rango legal, tendría que hacerse mediante una ley.
Dicho esto, el reglamento incluye una propuesta en ese sentido y es uno de los puntos que el Consell Consultiu ha analizado. Ese posible límite siempre debe basarse en criterios de congestión, medioambientales, de interés general y respetando la legislación vigente. Baleares no puede crecer de forma ilimitada.
El Consell Consultiu advierte de falta de concreción sobre cuándo pueden circular las VTC sin pasajeros. ¿Es difícil de controlar el decreto tal como está redactado?
La normativa ya prohíbe de forma expresa que los vehículos de transporte con conductor (VTC) deambulen por la vía pública con el objetivo de captar clientes. Lo que apunta el Consell Consultiu no es tanto una falta de regulación, sino la necesidad de definir con mayor precisión qué debe entenderse por “deambular”, para evitar interpretaciones ambiguas.
Por tanto, no hablaría de una carencia normativa, sino de una mayor precisión técnica. El decreto tiene un planteamiento amplio y estamos incorporando las aportaciones del Consell Consultiu precisa mente para reforzar su claridad jurídica y facilitar su aplicación práctica, especialmente en las labores de inspección y control. En cualquier caso, la ley es clara en el fondo de la cuestión.
El sector del taxi, sin embargo, ha denunciado en reiteradas ocasiones que algunas VTC circulan sin un servicio previamente contratado, una práctica expresamente prohibida.
La normativa impide tanto el deambular para la captación de clientes como el estacionamiento en zonas de gran afluencia —puertos, aeropuertos o grandes eventos— con la finalidad de atraer pasajeros sin contratación previa. Además, estas prohibiciones van acompañadas de un régimen sancionador específico que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Todas las prohibiciones deben ir acompañadas de sanciones, y así está regulado.
El TSJIB ha obligado al Govern a tramitar 600 licencias VTC denegadas en 2022. ¿Esto limita la capacidad de regulación?
La sentencia obliga a tramitar esas solicitudes, no a concederlas. Se tramitarán igual que el resto de solicitudes pendientes, dentro del marco legal vigente. Desde 2024 hemos aprobado normas con rango legal y reglamentario que permiten tramitar estas solicitudes aplicando criterios de capacidad del territorio, medioambientales y de congestión viaria.
El debate entre taxi y VTC está muy crispado. ¿Qué modelo defiende el Govern?
Regular no es prohibir. Regular es ordenar, dar seguridad jurídica y establecer reglas claras conocidas por todos. Baleares es un territorio insular, limitado y protegido, y eso lo condiciona todo. Respetamos la libertad de empresa y la libre competencia, pero siempre teniendo en cuenta nuestra realidad territorial.
Escuchamos al sector del taxi, al de las VTC y a todas las partes implicadas. Gobernar es buscar equilibrio y defender el interés general. La regulación es una herramienta para rebajar tensiones, no para aumentarlas.
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