Así lo ha afirmado este jueves la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, tras la presión del sector del taxi para frenar nuevas autorizaciones.
Las declaraciones llegan después de que Taxis-Pimem reclamara al Ejecutivo autonómico, en la reunión mantenida este miércoles entre el presidente de la entidad, Biel Moragues, con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el rechazo de estas licencias, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que obliga a la Administración a dar trámite de las solicitudes suspendidas.
El fallo judicial fuerza al Govern a dar curso tanto unas 600 autorizaciones solicitadas en 2022 y denegadas, como más de 10.000 peticiones presentadas mayoritariamente en 2023 y que quedaron suspendidas.
Del Valle ha subrayado que la sentencia no impone conceder licencias, sino tramitarlas. “No se revisan en bloque: se tramitan una a una”, ha remarcado, insistiendo en que cada expediente recibirá una respuesta individualizada, favorable o no, conforme a la normativa vigente. El mensaje, ha dicho, es de “tranquilidad” para el sector del taxi.
La directora general ha recordado que en 2024 el Parlament de les Illes Balears aprobó por unanimidad una ley que bloquea nuevas concesiones hasta disponer del reglamento específico de taxi y VTC. Ese reglamento, clave para fijar criterios y límites, se encuentra —según el Govern— en la fase final de tramitación.
El Ejecutivo insiste en que el objetivo no es engordar el parque de vehículos, sino ordenar el servicio. “Es evidente que 10.000 licencias no suponen una mejora de la movilidad”, ha sentenciado Del Valle, alineando el discurso con la capacidad real del territorio. En paralelo, el Govern de les Illes Balears defiende que debe cumplir la sentencia.
El Govern se compromete a aplicar el reglamento para filtrar solicitudes y ajustar el número final a lo que Baleares puede asumir. El pulso entre taxis y VTC, lejos de cerrarse, entra ahora en su fase administrativa más delicada.
